Ciudad Juárez, Chihuahua.- La reciente marcha efectuada en la capital del estado generó una intensa disputa discursiva entre las dirigencias de los partidos Movimiento de Regeneración Nacional y Acción Nacional, quienes mantienen visiones opuestas sobre el impacto y la afluencia del movimiento. La movilización encaminada a confrontar la gestión de la gobernadora, María Eugenia Campos Galván, contó con la participación de figuras de relevancia en el escenario de la izquierda, destacando la presencia de la dirigente nacional partidista, Ariadna Montiel Reyes, el presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, y el secretario de organización, Andrés Manuel López Beltrán. El contingente partió desde el monumento a Francisco Villa con consignas orientadas hacia la seguridad territorial y la soberanía.
Las divergencias en las cifras de asistencia técnica exacerbaron la confrontación institucional entre ambas fuerzas políticas. Los coordinadores de la convocatoria de Morena afirmaron haber aglutinado a un aforo superior a los veinte mil participantes, calificando el acto como un respaldo masivo a la solicitud de juicio político en contra de la mandataria. En contraste, los voceros del partido blanquiazul desestimaron la fuerza del evento, cuantificando la concurrencia en apenas dos mil personas, bajo el argumento secundario de que una proporción considerable de los asistentes procedía de entidades federativas ajenas a Chihuahua, lo que a su juicio restaba legitimidad local a la manifestación.
A la controversia sobre los indicadores de participación se sumaron acusaciones directas de presunto sabotaje logístico emitidas por el bloque organizador. Representantes morenistas denunciaron la implementación de supuestos bloqueos carreteros y obstáculos viales estratégicos que tenían la presunta finalidad de impedir el arribo de los autobuses con simpatizantes provenientes de diversos municipios. Tras el cruce de posicionamientos, el gobierno estatal mantuvo su postura de apertura institucional, mientras que los sectores legislativos de oposición insisten en dar continuidad a los mecanismos de fiscalización y captación de firmas para el proceso de desafuero.
