Ciudad Juárez, Chihuahua.- El Ejecutivo Federal emitió un pronunciamiento respecto a las recientes declaraciones de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, calificando sus afirmaciones como carentes de sustento. La controversia surge en torno al operativo realizado en la zona serrana de Chihuahua y la posterior investigación iniciada por las autoridades federales sobre la legalidad de los procedimientos empleados.
Desde la Presidencia de la República se afirmó que es “falso y notorio” que exista una persecución política contra el gobierno estatal. Se enfatizó que ninguna acción legal se emprende sin la existencia de pruebas contundentes y que el núcleo del conflicto reside en la decisión de la administración de Chihuahua de colaborar con el gobierno de los Estados Unidos al margen de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley de Seguridad Nacional.
La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una indagatoria para determinar si funcionarios estatales permitieron la intervención de agentes extranjeros sin cumplir con los protocolos oficiales. Según la postura federal, el actuar del estado se apartó del marco normativo nacional, lo que justifica la intervención de los órganos de justicia para deslindar responsabilidades y salvaguardar la soberanía.
Por su parte, la mandataria estatal ha acusado al gobierno federal de mantener una persecución política derivada del desmantelamiento de un narcolaboratorio. La gobernadora contrastó esta situación con el trato brindado al gobernador de Sinaloa, sugiriendo un sesgo en las investigaciones federales; señalamientos que han sido rechazados categóricamente por la administración central.
El trasfondo de esta disputa incluye un saldo crítico de cuatro fallecimientos registrados durante el operativo: dos elementos pertenecientes a corporaciones estatales de Chihuahua y dos ciudadanos estadounidenses, presuntamente involucrados en el tema del narcolaboratorio. Mientras el gobierno estatal sostiene que la presencia extranjera se limitaba a labores de “capacitación”, el gobierno federal cuestiona la legalidad de dicha participación.
Este caso ha escalado a una mesa de análisis nacional e internacional, donde se revisa una lista de diez funcionarios y exfuncionarios presumiblemente ligados a actividades ilícitas. Las autoridades federales reiteran que el objetivo es garantizar la equidad en la aplicación de la ley y esclarecer los hechos ocurridos en el “Estado Grande”.
