El anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre la creación de un comité de especialistas para analizar la viabilidad del fracking en México ha reavivado el debate sobre esta técnica. La discusión se centra en el equilibrio entre los beneficios económicos que puede generar y los posibles impactos negativos en el medioambiente y las comunidades.
A nivel internacional, al menos cinco países permiten el uso del fracking para la extracción de gas no convencional, entre ellos Estados Unidos, donde representa más del 75% de su producción de gas y petróleo, así como Canadá, China, Argentina y Arabia Saudita. En contraste, más de 15 naciones han optado por prohibir esta práctica debido a sus repercusiones socioambientales, entre ellas Francia, Alemania, España y Reino Unido.
Diversas organizaciones ambientales han advertido sobre los efectos negativos del fracking, particularmente en la disponibilidad de agua, ya que la fracturación de un solo pozo puede requerir entre 9 y 29 millones de litros. Además, especialistas señalan que una proporción significativa de las sustancias utilizadas puede generar riesgos a la salud, incluyendo cáncer, alteraciones endocrinas, alergias y daños al sistema nervioso.
Asimismo, se ha documentado que esta técnica contribuye a la emisión de gases contaminantes, principalmente metano, además de dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles, lo que incide en el calentamiento global. Este panorama ha intensificado la discusión sobre su implementación en México y la necesidad de evaluar sus implicaciones a largo plazo.
