Sinaloa, y en particular Mazatlán, se ha convertido en un punto de alarma para familias de Durango ante el aumento de desapariciones de jóvenes que viajaron al puerto y no regresaron. Madres buscadoras y colectivos ciudadanos aseguran que, desde al menos 2024, han documentado múltiples casos de personas duranguenses cuyo último rastro se ubicó en Mazatlán, sin que hasta ahora existan avances claros en las investigaciones.
De acuerdo con el colectivo Madres Buscadoras de Durango, se tienen registrados al menos 18 casos entre 2024 y 2025. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado de Durango reconoce oficialmente menos de la mitad. Esta diferencia, señalan las familias, refleja la falta de un registro unificado y la negativa recurrente de autoridades sinaloenses a iniciar o formalizar carpetas de investigación.
Las buscadoras denuncian que en varios casos se les ha negado levantar denuncias bajo el argumento de que “no existen elementos suficientes” o que los familiares “ya no insistieron”, aun cuando las desapariciones ocurrieron en territorio sinaloense. También reportan obstáculos constantes, como retrasos, expedientes incompletos y la ausencia de seguimiento.
Entre las historias que ilustran esta crisis se encuentra la de Helena Vela Leyva, una joven de 18 años originaria de Durango, desaparecida en junio de 2025 en Mazatlán. Su madre, Carmina, relató que su hija viajó al puerto para atender un trámite relacionado con un vehículo y mantuvo comunicación hasta la madrugada del día siguiente. Desde entonces, no se supo más de ella. Pese a acudir de inmediato a Mazatlán, la denuncia formal se retrasó y la investigación quedó marcada por fallas: cámaras sin registros, trámites rechazados y falta de información durante semanas.
Mientras la búsqueda continuaba, la salud de la madre se deterioró gravemente, al punto de sufrir la amputación de una pierna. Aun así, asegura que seguirá buscando a su hija “mientras tenga fuerzas”, y hoy forma parte de un colectivo binacional de familias de Durango y Sinaloa.
La Fiscalía de Durango reconoce al menos ocho desapariciones confirmadas de duranguenses en Mazatlán y una más en Culiacán. Señala que mantiene comunicación con autoridades sinaloenses y que ha solicitado apoyo federal. Tras algunos casos recientes, incluso recomendó evitar viajes a Sinaloa mientras persista la situación de inseguridad, especialmente por la carretera Durango–Mazatlán.
No obstante, desde el gobierno de Sinaloa se ha rechazado la emisión de alertas, al considerar que Mazatlán continúa recibiendo turismo y que no existe una crisis que justifique evitar el destino.
Mientras autoridades intercambian posturas, las familias continúan denunciando que sus seres queridos “desaparecen como si se los hubiera tragado la tierra”. Para las madres buscadoras, el problema no es solo la violencia, sino la falta de respuestas claras y la lentitud institucional. En Mazatlán, afirman, no solo desaparecen jóvenes duranguenses, también desaparece la justicia.
