Un grupo de 75 congresistas demócratas de Estados Unidos advirtió que una acción militar contra México tendría consecuencias “catastróficas” para la seguridad regional, la economía y la relación bilateral, luego de que el presidente Donald Trump manifestara su intención de iniciar operaciones militares contra cárteles del narcotráfico en territorio mexicano.
En una carta dirigida al secretario de Estado Marco Rubio, los legisladores expresaron su rechazo a cualquier intervención unilateral y subrayaron que una ofensiva de ese tipo violaría la soberanía de México y destruiría la cooperación construida en los últimos meses con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
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Los firmantes reconocieron que, desde el inicio de la nueva administración mexicana, se han incrementado los esfuerzos conjuntos en inteligencia, combate al crimen organizado y decomisos de drogas, incluidos resultados históricos contra el tráfico de fentanilo. A su juicio, una acción militar sin consentimiento mexicano anularía esos avances y pondría en riesgo años de trabajo bilateral.
La carta también alertó sobre los impactos económicos de un conflicto. Recordaron que millones de empleos en Estados Unidos dependen del comercio con México y que la inversión estadounidense en el país vecino alcanza decenas de miles de millones de dólares anuales, por lo que un enfrentamiento armado afectaría directamente a empresas, cadenas de suministro y trabajadores de ambos lados de la frontera.
El posicionamiento surgió tras declaraciones de Trump en medios estadounidenses, donde aseguró que los cárteles “gobiernan México” y que su administración evaluaría acciones directas contra ellos. Ante ello, Sheinbaum respondió que ese tipo de expresiones forman parte del estilo político del mandatario estadounidense, pero reiteró que México defenderá su soberanía y privilegiará el diálogo institucional.
Los congresistas concluyeron que bombardear o intervenir militarmente en México no solo sería un error estratégico, sino un “desastre histórico” que debilitaría la seguridad regional, dañaría la economía de Estados Unidos y cerraría la puerta a la cooperación como vía efectiva para enfrentar al crimen organizado.
