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Trump convierte al ICE en una fuerza letal y desata crisis de abusos en Estados Unidos

by Canal 44 Digital
febrero 9, 2026
in EE.UU.
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Trump convierte al ICE en una fuerza letal y desata crisis de abusos en Estados Unidos

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) enfrenta una ola de señalamientos por uso excesivo de la fuerza y violaciones a derechos civiles tras la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. En estados como Minnesota e Illinois, al menos dos ciudadanos estadounidenses han muerto durante operativos de agentes federales de migración, en hechos que han provocado indignación pública, protestas y cuestionamientos legales.

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En Minneapolis, Minnesota, dos casos recientes marcaron un punto de quiebre. Renee Nicole Good, de 37 años, murió durante una intervención de agentes del ICE; tres semanas después, Alex Pretti, también de 37 años, falleció en circunstancias similares. En ambos episodios, el gobierno federal sostuvo que las víctimas representaban una amenaza y las vinculó con “terrorismo doméstico”. Sin embargo, videos ciudadanos difundidos posteriormente contradijeron esas versiones oficiales.

La tensión aumentó cuando autoridades federales bloquearon los intentos de la policía estatal de Minnesota para investigar el caso Pretti, impidiéndoles incluso acercarse a la escena pese a contar con una orden judicial. La fiscalía estatal acusó obstrucción por parte del gobierno federal, mientras que los agentes involucrados fueron suspendidos tras la presión social.

Los cuestionamientos no se limitan a Minnesota. En Illinois, el gobernador J.B. Pritzker afirmó que la presencia de ICE ha convertido zonas de Chicago en “áreas de guerra”, denunciando el uso de gases lacrimógenos y agentes químicos durante redadas. En ese estado, un migrante mexicano murió durante una operación federal, investigación que quedó en manos del FBI y no de autoridades locales.

Analistas y especialistas advierten que el problema radica en la transformación operativa del ICE. Creado en 2003 como parte del Departamento de Seguridad Nacional, el organismo combina funciones de investigación criminal con tareas administrativas de detención y deportación. Sin embargo, expertos en derecho migratorio señalan que, en la práctica, la agencia ha priorizado resultados rápidos y visibles, como el número de arrestos, por encima del respeto al debido proceso.

Con el regreso de Trump a la Casa Blanca, el gobierno lanzó una estrategia para expandir y endurecer al ICE, con la meta de sumar 10 mil nuevos agentes, ofrecer bonos de contratación y establecer cuotas diarias de detenciones. De acuerdo con reportes legislativos, estas metas llevaron a recortar los periodos de capacitación, reducir requisitos de ingreso y flexibilizar controles internos.

Además, decisiones judiciales recientes ampliaron las facultades del ICE, permitiendo detenciones basadas en criterios como apariencia, idioma o etnicidad, y autorizando el ingreso a domicilios sin orden judicial en ciertos contextos. A esto se suma que muchos agentes operan sin identificación visible y con el rostro cubierto, lo que dificulta la rendición de cuentas.

Organizaciones civiles y legisladores demócratas sostienen que estas medidas han generado un entorno de impunidad. Documentos periodísticos registran decenas de casos en los que ciudadanos estadounidenses fueron retenidos de forma indebida. Para críticos del gobierno, el mensaje institucional que exalta la “dureza” y premia cifras de arrestos ha contribuido a normalizar prácticas agresivas.

Especialistas en derechos constitucionales advierten que, pese al discurso oficial, los límites legales del ICE siguen vigentes y la Constitución de Estados Unidos continúa protegiendo a ciudadanos y no ciudadanos contra detenciones arbitrarias. Sin embargo, ante la falta de controles federales, varios estados han comenzado a explorar mecanismos propios para proteger a sus residentes.

En este contexto, el ICE se ha convertido en uno de los símbolos más polémicos del actual gobierno estadounidense: una agencia concebida para combatir delitos transnacionales que, bajo nuevas directrices políticas, es acusada de operar como una fuerza letal con escasa supervisión y alto costo humano.

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