Caracas, Venezuela.– La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó que su país está “harto” de recibir órdenes del Gobierno de Estados Unidos, en medio de la creciente presión de Washington tras la captura de Nicolás Maduro y los recientes movimientos políticos y militares en la región.
Durante un acto con trabajadores petroleros en la ciudad de Puerto La Cruz, Rodríguez rechazó la injerencia extranjera en los asuntos internos del país. “Basta ya de órdenes de Washington sobre los políticos en Venezuela. Dejemos que la política venezolana resuelva nuestras diferencias y conflictos internos. Basta de potencias extranjeras”, declaró, según el canal estatal Venezolana de Televisión.
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Las declaraciones se producen pocas semanas después de que fuerzas estadounidenses capturaran a Maduro en una operación nocturna que sumió al país en una profunda crisis política. Tras ese hecho, el presidente Donald Trump aseguró que Estados Unidos “dirigiría” Venezuela, aunque posteriormente respaldó a Rodríguez para que asumiera como líder interina.
Pese a ese respaldo, el Gobierno de Trump ha intensificado la presión sobre Rodríguez y antiguos aliados de Maduro para permitir una mayor inversión de empresas energéticas estadounidenses en la industria petrolera venezolana, uno de los principales objetivos estratégicos de Washington en Sudamérica.
Rodríguez señaló que Caracas abordará las viejas disputas con Estados Unidos “cara a cara” y sin temor. “No tenemos miedo, porque lo que nos debe unir como pueblo es garantizar la paz y la estabilidad de este país”, afirmó, de acuerdo con la agencia china Xinhua.
El sábado, la mandataria interina también hizo un llamado a iniciar conversaciones con la oposición para alcanzar acuerdos sobre el futuro político del país. “No debe haber diferencias políticas ni partidistas cuando se trata de la paz en Venezuela”, sostuvo.
Mientras tanto, sectores afines al chavismo han expresado preocupación ante el debate en la Asamblea Nacional sobre una posible flexibilización del control estatal en la industria petrolera, lo que marcaría el primer cambio relevante desde que Hugo Chávez nacionalizó partes del sector en 2007.
La propuesta legislativa abriría nuevas oportunidades para la inversión privada, permitiría el arbitraje internacional en litigios por inversiones y autorizaría a empresas a explotar yacimientos de manera independiente, aunque seguirían siendo socios minoritarios de la petrolera estatal.
Este giro representaría un alejamiento del nacionalismo económico impulsado por Chávez y es visto por analistas como un intento de apaciguar parcialmente al Gobierno estadounidense, en un contexto de tensiones diplomáticas, presión militar y reconfiguración del poder político en Venezuela.
