Ciudad de México.– El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que más del 90 por ciento de las llamadas fraudulentas en el país han sido canceladas como parte de la estrategia federal para combatir la extorsión y el fraude telefónico, gracias a los mecanismos de denuncia ciudadana y la coordinación con empresas de telecomunicaciones.
Durante la conferencia matutina realizada en Veracruz, el funcionario explicó que la atención a través del número 089 ha permitido identificar y desactivar de manera oportuna líneas utilizadas para actividades ilícitas, mientras que el resto de los casos ha derivado en la apertura de carpetas de investigación que ya han generado detenciones.
“Más del 90 por ciento de las llamadas fraudulentas, gracias a la atención que se da con el 089, han logrado cancelarse. El resto ha generado carpetas de investigación que han derivado en detenciones”, señaló García Harfuch.
Detalló que, en coordinación con las compañías telefónicas, se han cancelado números extorsivos y chips empleados para cometer delitos, además del retiro de infraestructura de telecomunicaciones instalada en zonas estratégicas para la comisión de ilícitos. Indicó que estas acciones han incluido el desmantelamiento de antenas completas que daban servicio a centros penitenciarios, como ocurrió en el penal de Altamira, Tamaulipas, donde se concentraba la salida de llamadas fraudulentas.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió el registro nacional de líneas telefónicas y aclaró que su objetivo es estrictamente acotado, enfocado en garantizar que cada número esté asociado a una persona, sin que ello implique la creación de una base de datos controlada por el gobierno.
La mandataria precisó que el registro es administrado por las empresas de telefonía y que el Estado solo puede acceder a dicha información cuando un número es sujeto a investigación por delitos como extorsión o fraude, siempre bajo los procedimientos legales correspondientes.
“El registro lo mantienen las empresas de telefonía, no es un registro que tenga el gobierno. El gobierno solo puede acceder a esa información cuando un número es sujeto de investigación por la comisión de un delito”, subrayó Sheinbaum.
Explicó que, a diferencia del esquema anterior en el que solo las líneas con plan estaban registradas, ahora también deberán identificarse los chips de prepago, con el fin de reducir el uso de teléfonos móviles para la comisión de ilícitos y fortalecer la seguridad pública.
“El objetivo es que haya más seguridad y que se use menos el teléfono para la comisión del delito”, afirmó la presidenta, quien reconoció que el registro avanza de manera gradual.
Sheinbaum agregó que, de forma paralela, se mantiene un seguimiento a páginas y perfiles en redes sociales vinculados con fraudes, como parte de una estrategia integral para combatir este tipo de delitos en el entorno digital.
Finalmente, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) informó que la plataforma utilizada por las compañías telefónicas para validar la identidad en el registro de líneas celulares fue reforzada y cuenta con un nivel de seguridad similar al de las instituciones bancarias, lo que permite detectar documentos falsos y evita el uso de fotocopias, archivos PDF o herramientas de inteligencia artificial para suplantación de identidad.
