Agente del ICE agradece donaciones tras matar a Renee Good y desata indignación nacional
Minneapolis, Estados Unidos. El agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Jonathan Ross, acusado de haber disparado y causado la muerte de Renee Nicole Good, una madre de 37 años, agradeció públicamente a los donantes que han aportado recursos económicos para “garantizar su seguridad”, lo que ha intensificado la polarización y el rechazo social tras el hecho ocurrido en esta ciudad.
Luego del tiroteo que provocó la muerte de Good, se generaron campañas de recaudación de fondos enfrentadas, reflejando la profunda división en la opinión pública. Por un lado, plataformas de financiamiento colectivo impulsaron colectas a favor del agente, bajo el argumento de cubrir su protección personal y gastos legales, logrando reunir cientos de miles de dólares en pocos días.
Ross expresó su gratitud por el respaldo económico recibido, señalando que los recursos le permitirán no preocuparse por la seguridad de su familia ni por su situación personal ante el escrutinio público que enfrenta desde el incidente.
Sin embargo, estas acciones provocaron una ola de críticas en redes sociales y entre líderes comunitarios, quienes consideran inapropiado respaldar económicamente a un agente involucrado en la muerte de una civil. Diversos sectores han cuestionado los valores éticos detrás de estas recaudaciones, especialmente en un contexto de protestas masivas contra las prácticas del ICE y el uso de la fuerza por parte de autoridades federales.
De manera paralela, se organizó una campaña solidaria en favor de la familia de Renee Good, la cual superó ampliamente su meta inicial al reunir más de un millón de dólares, destinados a apoyar a sus hijos y cubrir gastos funerarios y de manutención.
Las manifestaciones se han extendido a diversas ciudades del país, donde miles de personas exigen justicia por la muerte de Good, la revisión de los protocolos de actuación del ICE y responsabilidades penales contra el agente involucrado.
El caso ha reavivado el debate nacional sobre el uso de la fuerza por parte de autoridades migratorias y la falta de mecanismos efectivos de rendición de cuentas en operativos federales, en un clima social marcado por la desconfianza hacia las agencias de seguridad.
