Cuestionan legalidad de operativo del Pentágono por uso de avión camuflado como civil en ataque marítimo
Estados Unidos.– El Departamento de Defensa de Estados Unidos es objeto de críticas y señalamientos luego de que se revelara que utilizó una aeronave pintada para aparentar ser un avión civil durante un ataque contra una embarcación presuntamente dedicada al tráfico de drogas, acción que dejó un saldo de 11 personas muertas y que, de acuerdo con expertos en derecho internacional, podría constituir un crimen de guerra por perfidia.
Los hechos ocurrieron en septiembre pasado, cuando una aeronave secreta del Pentágono ejecutó su primer ataque de este tipo contra una embarcación identificada por el gobierno estadounidense como parte de una red de narcotráfico. De acuerdo con información difundida por medios especializados, el avión carecía de armamento visible y tenía las municiones ocultas dentro del fuselaje, lo que reforzaba su apariencia no militar.
Según funcionarios con conocimiento del operativo, la aeronave descendió a una altitud que permitió a los tripulantes de la embarcación observarla antes del ataque inicial. Tras la explosión, dos sobrevivientes lograron subir a los restos del casco y realizaron señas al avión, aparentemente sin saber que había sido el responsable del ataque. Posteriormente, ambos fueron abatidos en una segunda acción, pese a que las normas internacionales de la guerra prohíben atacar a náufragos.
Especialistas en derecho internacional humanitario han advertido que el uso de una aeronave militar disfrazada de civil para engañar a un objetivo podría encuadrar en la figura de perfidia, práctica prohibida por las leyes de los conflictos armados. El general retirado Steven J. Lepper, ex fiscal general adjunto de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, señaló que ocultar la identidad militar de una aeronave y emplearla en combate vulnera los principios que obligan a los combatientes a distinguirse claramente de la población civil.
Otros expertos, como ex asesores jurídicos del ejército estadounidense, coincidieron en que el ataque podría no haberse desarrollado en el marco de un conflicto armado reconocido, lo que reforzaría la posible ilegalidad de la operación y abriría la puerta a señalamientos por ejecuciones extrajudiciales.
Ante la controversia, el Pentágono sostuvo que sus operaciones cumplen con las normas internacionales y que cada aeronave es sometida a procesos de revisión legal antes de ser utilizada. Sin embargo, evitó confirmar de manera directa si el avión empleado en el ataque del 2 de septiembre tenía características de camuflaje civil.
La administración del presidente Donald Trump ha defendido estos operativos al argumentar que Estados Unidos mantiene un conflicto armado contra organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, a las que considera actores terroristas. No obstante, esta postura ha sido cuestionada por especialistas, quienes advierten que catalogar a cárteles como objetivos militares no justifica el uso de tácticas prohibidas ni ataques contra personas que no representan una amenaza inminente.
Tras el ataque de septiembre, el ejército estadounidense habría optado por utilizar aeronaves militares claramente identificables, como drones MQ-9 Reaper, en operaciones posteriores. El caso ha reavivado el debate internacional sobre los límites legales de las acciones militares contra el crimen organizado y el uso de métodos que podrían vulnerar el derecho internacional humanitario.
