Ciudad de México, México.– El Gobierno de México determinó dar por concluido, a partir de 2026, el programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera conocidos como “autos chocolate”, mecanismo que estuvo vigente desde 2022 y permitió la importación definitiva de unidades usadas ingresadas de manera irregular al país.
La decisión quedó establecida mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), con el cual se abroga el acuerdo que instruía a diversas dependencias federales a facilitar este proceso excepcional. Con ello, la administración encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo marca un cambio en la política automotriz y comercial, en un contexto de revisión de compromisos internacionales como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
De acuerdo con el Ejecutivo federal, el programa cumplió su objetivo social inicial al ofrecer certeza jurídica a miles de propietarios, particularmente en regiones fronterizas. No obstante, se consideró que su continuidad ya no es compatible con la necesidad de reforzar el ordenamiento del mercado interno y garantizar el cumplimiento pleno de las normas de importación vigentes.
Con la conclusión del esquema, todas las importaciones definitivas de vehículos deberán apegarse estrictamente a los lineamientos comerciales y fiscales establecidos, eliminando cualquier mecanismo extraordinario de regularización. Durante su vigencia, el programa operó en 16 entidades del país, principalmente en estados con alta movilidad transfronteriza, donde se concentraba el mayor número de unidades de origen extranjero.
La medida fue respaldada por representantes del sector automotriz formal, quienes han señalado que la regularización masiva generó distorsiones en el mercado, afectaciones a la competencia y riesgos en materia ambiental y de seguridad vial. Organismos empresariales estiman que cerca de tres millones de vehículos ingresaron al padrón bajo este esquema.
Asimismo, el gobierno federal indicó que, como parte de esta nueva etapa, se fortalecerá el Registro Público Vehicular (Repuve) con el objetivo de contar con bases de datos más confiables que contribuyan a la seguridad pública y al combate de delitos relacionados con el uso de automotores.
En paralelo, se contempla avanzar hacia políticas de renovación del parque vehicular, privilegiando unidades con menores emisiones contaminantes y mejores estándares de seguridad, en concordancia con objetivos de salud pública, sustentabilidad ambiental y legalidad comercial.
Con esta determinación, el Ejecutivo federal pone fin a una medida extraordinaria y redefine la política en materia de importación de vehículos, apostando por un marco regulatorio más estricto, alineado a los compromisos internacionales y orientado al orden y la certeza jurídica en el sector automotriz nacional.
