Un grupo de ciudadanos venezolanos que permaneció detenido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en El Salvador, solicitó que Estados Unidos cumpla con una resolución judicial que ordena su regreso a territorio estadounidense para poder impugnar legalmente su deportación.
La exigencia surge después de que un juez federal determinara que el gobierno del presidente Donald Trump debe organizar de manera urgente el retorno de los venezolanos deportados, al considerar que su expulsión vulneró su derecho al debido proceso. El fallo establece que la administración estadounidense cuenta con un plazo de dos semanas para presentar un plan que garantice su comparecencia ante un tribunal.
El juez de distrito James Boasberg resolvió que los afectados tienen derecho a ser escuchados por una corte y a defenderse de las acusaciones que derivaron en su deportación, las cuales se realizaron sin los procedimientos migratorios habituales.
En Caracas, Venezuela, Ysqueibel Peñaloza dio lectura a un comunicado en representación del grupo, en el que pidió a los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador cumplir plenamente la orden judicial. Asimismo, solicitó apoyo nacional e internacional para poder ejercer su defensa y evitar que hechos similares se repitan.
Las deportaciones ocurrieron luego de que el gobierno estadounidense invocara la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, bajo el argumento de combatir presuntos vínculos con el grupo criminal Tren de Aragua. Sin embargo, familiares y abogados de los detenidos han rechazado dichas acusaciones y denunciaron abusos durante su estancia en el CECOT.
Los 252 venezolanos que estuvieron recluidos en esa prisión regresaron a su país en julio pasado como parte de un intercambio de prisioneros por ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela. No obstante, el proceso legal en Estados Unidos continúa abierto, a la espera de que se cumpla la sentencia judicial que ordena garantizarles el derecho a una defensa ante los tribunales.
