Washington.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó la posibilidad de otorgar pagos directos de hasta 2 mil dólares a la mayoría de los estadounidenses como una medida para mitigar el impacto del aumento en el costo de la vida, una propuesta que estaría financiada con la recaudación derivada de su política arancelaria.
La idea, denominada por el propio mandatario como “dividendos de los aranceles”, fue mencionada inicialmente en redes sociales y reforzada posteriormente desde la Casa Blanca. De acuerdo con el planteamiento, los pagos estarían dirigidos a hogares de ingresos medios y moderados, con la exclusión de los sectores de mayores ingresos, y podrían comenzar a entregarse a partir de 2026.
Sin embargo, analistas y verificadores estadounidenses han advertido que la propuesta carece de un diseño formal. Hasta el momento no existe un proyecto de ley, ni criterios claros de elegibilidad, ni un mecanismo operativo definido para la entrega de los recursos. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha señalado de manera preliminar que el límite de ingresos podría ubicarse en torno a los 100 mil dólares anuales por hogar, aunque reconoció que el umbral sigue en discusión.
Especialistas subrayan que los aranceles no son pagados directamente por otros países, sino por importadores y empresas estadounidenses, quienes suelen trasladar esos costos a los precios finales. En ese sentido, el eventual cheque podría representar una compensación parcial por el encarecimiento previo de bienes y servicios.
Datos del Departamento del Tesoro indican que, en el año fiscal concluido en septiembre de 2025, Estados Unidos recaudó alrededor de 195 mil millones de dólares por derechos de aduana. No obstante, estimaciones de la Tax Foundation señalan que un programa de pagos de 2 mil dólares a hogares con ingresos menores a 100 mil dólares podría costar cerca de 300 mil millones, lo que abriría un déficit significativo entre ingresos y gasto.
El planteamiento ha generado debate incluso dentro del Partido Republicano, donde algunos legisladores expresan preocupación por el impacto en el déficit y la deuda nacional, que supera los 38 billones de dólares. Además, expertos advierten que la entrega masiva de efectivo podría añadir presiones inflacionarias, como ocurrió con los estímulos económicos otorgados durante la pandemia.
Finalmente, analistas recuerdan que cualquier esquema de pagos directos requeriría la aprobación del Congreso y un sustento legal sólido, especialmente en un contexto en el que parte de la política arancelaria de Trump enfrenta revisiones judiciales. Mientras tanto, la propuesta se mantiene, por ahora, como un anuncio político sin un respaldo legislativo definido.
