Washington, D.C.— El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto presidencial en el que clasifica al fentanilo como un “arma de destrucción masiva”, decisión que abre la puerta a una serie de medidas extraordinarias por parte del gobierno estadounidense, tanto en el ámbito económico como en el de seguridad nacional.
La firma del decreto se llevó a cabo el lunes 15 de diciembre en el Despacho Oval, durante una ceremonia donde el mandatario republicano entregó medallas a militares que realizan labores de vigilancia fronteriza con México. Frente a las tropas, Trump reiteró que el fentanilo causa entre 200,000 y 300,000 muertes al año en EE.UU., cifra que utilizó para justificar la clasificación del opioide como una amenaza de alto nivel.
“Ninguna bomba causa el daño que esto está haciendo: entre 200,000 y 300,000 personas mueren cada año, que sepamos”, expresó el mandatario.
Sin embargo, los datos oficiales difieren considerablemente. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), en 2024 se registraron 48,422 muertes relacionadas con opioides, de las cuales cerca del 70% estuvieron vinculadas al fentanilo. Estas cifras reflejan una disminución del 27% respecto al año anterior.
Alcances del decreto: de sanciones financieras a operaciones militares
La declaratoria permite al gobierno estadounidense activar protocolos y recursos diseñados originalmente para enfrentar amenazas de terrorismo o armas químicas, tales como:
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Mayor involucramiento del Departamento de Defensa, el Tesoro y el Departamento de Estado.
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Aplicación de la Ley Kingpin y la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para bloquear activos de personas o instituciones relacionadas con la cadena de producción o distribución del fentanilo.
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Nuevas restricciones de visado para individuos o entidades asociadas al tráfico del opioide.
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Implementación de tecnología no invasiva en puertos de entrada clave.
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Asignación de mayores recursos para combatir su proliferación.
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Presión diplomática sobre socios comerciales y fomento de coaliciones globales contra las drogas sintéticas.
México rechaza la medida y advierte riesgos de intervención
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, respondió con firmeza al decreto de su homólogo estadounidense, al calificarlo como una medida unilateral y de alto riesgo. La mandataria señaló que la crisis del fentanilo en Estados Unidos debe abordarse desde sus causas internas, antes de señalar actores externos.
Asimismo, expresó que su gobierno ya analiza los alcances del decreto y reiteró su rechazo a cualquier intento de intervención militar en territorio mexicano. La postura del Gobierno de México surge ante las advertencias recientes de Trump sobre posibles ataques terrestres contra cárteles de la droga, que podrían afectar directamente a países como Venezuela y México.
Escalada en el Caribe y presiones internas en EE.UU.
Desde enero de 2025, la administración Trump ha endurecido su política antidrogas. Ese mismo día de su toma de posesión, el presidente firmó otro decreto para clasificar a los cárteles del narcotráfico como “organizaciones terroristas”. Bajo ese marco, se han registrado operaciones militares en el Caribe, con ataques a presuntas narcolanchas que, según la versión oficial, transportaban fentanilo.
Estas acciones han resultado en al menos 90 muertes desde septiembre. No obstante, no se ha presentado evidencia concluyente sobre el tipo de cargamento incautado en dichas embarcaciones. En paralelo, la oposición demócrata ha exigido mayor transparencia y ha calificado algunas de estas operaciones como “crímenes de guerra”.
El escenario geopolítico se mantiene tenso mientras se incrementan las acciones unilaterales por parte del gobierno estadounidense, con implicaciones directas para sus aliados y vecinos en América Latina.
