Bruselas.– La Unión Europea (UE) decidió prorrogar por un año más las sanciones impuestas al Gobierno de Venezuela, manteniendo en su lista negra a 69 personas vinculadas directamente con el presidente Nicolás Maduro, medida que se extenderá hasta el 10 de enero de 2027. La decisión fue aprobada este lunes por los ministros de Exteriores de los 27 Estados miembros durante una reunión celebrada en Bruselas.
De acuerdo con el comunicado oficial, la UE justificó la extensión de las sanciones “ante las persistentes acciones que socavan la democracia y el Estado de derecho, así como las continuas violaciones de derechos humanos y la represión de la sociedad civil y la oposición democrática” en Venezuela. La lista de sancionados incluye a altos funcionarios del régimen, como el ministro del Interior, Diosdado Cabello, y la vicepresidenta ejecutiva y ministra de Economía, Delcy Rodríguez.
Las medidas restrictivas contemplan la prohibición de ingreso al territorio comunitario, el congelamiento de bienes y cuentas en Europa, así como la imposibilidad de recibir fondos o recursos económicos, directa o indirectamente, de la Unión Europea o de cualquiera de sus Estados miembros. Además, el régimen de sanciones incluye un embargo de armas y de equipos que puedan ser utilizados para la represión interna.
La UE señaló que una eventual revocación de las sanciones dependerá de avances concretos en materia de derechos humanos, Estado de derecho y de pasos significativos hacia un diálogo genuino y una transición democrática en Venezuela. Asimismo, recalcó que las medidas no están dirigidas contra la población ni buscan afectar la economía del país, y que la responsabilidad de poner fin a la crisis recae en las autoridades venezolanas.
Tras el anuncio, el Gobierno de Venezuela reaccionó acusando a la Unión Europea de “decadencia política” y calificó las sanciones como un “rotundo fracaso”, asegurando que evidencian la supuesta pérdida de relevancia del bloque europeo como actor internacional.
Las sanciones a Venezuela se renuevan de manera periódica desde su primera aprobación en noviembre de 2017. En 2023, con miras a las elecciones presidenciales de julio de 2024 y ante lo que la UE consideró “pasos alentadores”, las medidas se extendieron solo por seis meses; sin embargo, ante el recrudecimiento de la represión, se retomó su renovación anual.
La prórroga se produce en un contexto internacional de alta tensión, marcado por un incremento de la presión de Estados Unidos sobre el Gobierno de Maduro. Washington, que mantiene sus propias sanciones, ha intensificado su presencia militar en el Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico, mientras continúa cuestionando la legitimidad del mandatario venezolano tras las elecciones de julio pasado, cuyos resultados siguen siendo motivo de controversia.
