La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, solicitó de manera directa al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, que no se envíen al municipio corporaciones de seguridad cuyos elementos incurran en actos de extorsión, abuso de autoridad o prácticas irregulares contra la población.
La alcaldesa emitió el pronunciamiento luego de múltiples denuncias ciudadanas por presuntas detenciones arbitrarias, cobros indebidos y revisiones fuera de protocolo realizadas por elementos estatales y federales en distintos puntos del municipio. Automovilistas, transportistas y habitantes han señalado que algunos operativos han sido utilizados para intimidar y exigir pagos a cambio de permitir el libre tránsito.
Durante una entrevista, Quiroz afirmó que ya sostuvo comunicación con el titular de la SSPC y fue clara en su postura al señalar que la presencia de fuerzas externas solo es bienvenida si actúan conforme a la ley y en beneficio de la ciudadanía. Subrayó que Uruapan no tolerará actos de extorsión disfrazados de acciones de seguridad.
La presidenta municipal indicó que su administración respalda los operativos de seguridad siempre que se conduzcan con apego a los derechos humanos, pero advirtió que ningún agente, sin importar su corporación, podrá permanecer en el municipio si incurre en conductas que violen la ley. Añadió que esta postura también aplica para la Policía Municipal, donde cualquier elemento involucrado en extorsión o abuso será destituido de manera inmediata.
Quiroz recordó que la desconfianza ciudadana hacia las corporaciones de seguridad no es un fenómeno reciente y reiteró que su gobierno mantiene el compromiso de continuar con un proyecto de seguridad que priorice la legalidad, la transparencia y la protección de los derechos de la población.
El pronunciamiento de la alcaldesa ocurre en el contexto del nuevo acuerdo nacional contra la extorsión presentado por el gobierno federal, encabezado por Omar García Harfuch, el cual busca reforzar la persecución de este delito mediante una estrategia integral que incluye sanciones más severas, fortalecimiento de los mecanismos de denuncia y mayor coordinación entre los distintos niveles de gobierno.
