Torreón, Coahuila. — Una madre de familia denunció públicamente a un colegio privado por dar de baja a su hijo de manera arbitraria, sin esperar los resultados de una evaluación médica especializada que la propia institución había solicitado, lo que ha generado una controversia legal y social por presunta discriminación y violación al derecho a la educación.
Nancy Ramírez, madre del menor Ethan Espeleta Ramírez, aseguró que su hijo fue expulsado sin previo aviso formal ni notificación por escrito, después de haber sido alumno regular desde segundo de kínder y haber iniciado recientemente el primer grado de primaria.
Solicitud de evaluación y salida anticipada
De acuerdo con la versión de la madre, antes del inicio del ciclo escolar, personal directivo y el área psicológica de la primaria solicitaron una nueva valoración neuropsicológica como parte del proceso de adaptación del niño al cambio de nivel académico. Mientras se realizaba el estudio, el menor asistía a clases bajo un horario reducido, con el objetivo de facilitar su integración escolar.
No obstante, la familia fue notificada de la baja definitiva del menor apenas unos días antes de que se emitiera el diagnóstico correspondiente. La única explicación que recibieron fue que se trataba de una orden directa de la dirección general del plantel.
Según relató la madre, posteriormente se les informó que el niño presuntamente representaba un “riesgo” para otros estudiantes debido a conductas que la escuela consideró disruptivas.
Dictamen médico contradice versión del colegio
Tras acudir con especialistas externos, incluyendo terapeutas, psicólogos y un neuropediatra, los padres recibieron una evaluación que contradice la postura de la institución. Los profesionales médicos concluyeron que el menor puede continuar en una escuela regular si se aplican los ajustes razonables correspondientes, al determinar que las conductas observadas están relacionadas con dificultades sensoriales y el estrés propio de la transición académica.
Caso escala a instancias legales
Ante la negativa de la escuela para revertir la decisión, la familia promovió un amparo con el objetivo de proteger el derecho constitucional del niño a la educación y evitar la pérdida del ciclo escolar.
Como parte del proceso legal, la madre denunció que su pareja —empleada de la institución— fue despedida tras interponer la demanda, lo que consideran una represalia directa por haber acudido a instancias judiciales.
Durante una diligencia realizada por autoridades acompañadas de personal de derechos humanos, el colegio condicionó el reingreso del menor al pago nuevamente de inscripciones, libros y otros conceptos, a pesar de que los padres ya habían cumplido con dichos pagos previamente.
Llamado a autoridades educativas
La madre del menor informó que también solicitó la intervención de la Secretaría de Educación, sin obtener hasta el momento una respuesta concreta. Aunque existe un expediente abierto en la Comisión de Derechos Humanos, señaló que el proceso avanza con lentitud.
Finalmente, la familia reiteró que continuará el proceso legal hasta las últimas consecuencias y exhortó a las autoridades y centros escolares a respetar los derechos de niñas y niños en condición de neurodivergencia.
“Las escuelas no pueden excluir sin fundamentos médicos ni legales. La educación es un derecho, no un privilegio”, sostuvo la madre, quien enfatizó que la inclusión y el respeto deberían ser principios fundamentales dentro del sistema educativo.
