San Antonio (EE.UU.) (EFE).- Junto a su hijo de tres años y su esposa, Andrés Cadena salió de la corte de inmigración de San Antonio (Texas) después de haber tenido una audiencia preliminar. Tras cuatro horas con la mandíbula apretada y los hombros tensos, por fin pudo bajar la guardia.
El juez le dio a su familia una nueva fecha de presentación, y los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), que pululan por los pasillos y detienen diariamente a migrantes que, como ellos, se presentan a sus citas, los dejaron salir.
En la puerta, Amanda Aguilar, trabajadora de una ONG que ayuda a inmigrantes, abordó a la familia colombo-venezolana. “Para su próxima audiencia, pueden solicitar que sea una presentación virtual”, les dijo. Cadena miró a su esposa, con la tensión de la mañana todavía reflejada en el rostro, y tomó sonriente el papel.
Las cortes, en el punto de mira de ICE
Las cortes de inmigración de EE.UU., donde quienes enfrentan un proceso de deportación pueden defender sus casos, se han convertido en un emblema de la campaña del Gobierno de Donald Trump para acelerar las detenciones y expulsiones de migrantes del país.
La presencia de los agentes de ICE en estos espacios, antes algo extraordinario, se ha vuelto parte del día a día.
En un cambio de política, el Gobierno exhorta a los jueces de migración —que forman parte del Departamento de Justicia— a desestimar los casos de los migrantes y, a la salida de las audiencias, agentes vestidos de civil y con pasamontañas que les cubren el rostro los detienen cuando salen del edificio.
La ayuda a los migrantes, relegada a las aceras
Antes de la llegada de los agentes de ICE a las cortes, el Gobierno de Trump terminó los contratos y la financiación de varias organizaciones que brindaban apoyo legal a migrantes detenidos, menores no acompañados y personas declaradas “incompetentes mentalmente”.
Como consecuencia, organizaciones como American Gateways, donde Aguilar trabaja como abogada, perdieron su presencia física dentro de las cortes de inmigración y, con ello, la capacidad de asesorar a los migrantes de manera más directa.
“Perdimos nuestra oficina en la corte de San Antonio y también mucha financiación, así que ahora tenemos menos personal”, contó la activista a EFE.
Para paliar esta carencia y poder seguir extendiendo la mano, voluntarios y abogados de la ONG aparcan su vehículo de lunes a jueves frente al edificio donde se encuentra la corte —en el centro de San Antonio—, usan el maletero como escritorio y se acercan a los migrantes que tienen cita ese día para informarles sobre sus derechos, tomar sus datos en caso de una detención y brindarles asesoría sobre cómo navegar el sistema.
“Muchos no saben lo que está pasando, no saben que pueden ser arrestados porque piensan: ‘no tengo cargos criminales, estoy cumpliendo con venir a la cita’”, explicó Gómez.
La principal herramienta que la organización tiene para proteger a los migrantes de terminar detenidos en la corte es conseguir que sus audiencias sean virtuales, agregó la abogada. “Muchos, o la mayoría, no saben que esto es una posibilidad, y cuando llegan el mismo día, ya es muy tarde”.
Intentar hacer las cosas bien
Cadena y su familia, quienes tienen su siguiente audiencia en diciembre, decidieron presentarse a la corte pese al riesgo de detención porque querían seguir la ley.
“Tenemos un amigo que vino hace poco y no salió (…), pero llegamos aquí a hacer las cosas bien; si las hacemos mal, no cambiamos nada”, relató el venezolano a EFE.
Su hijo, de tres años, ya está aprendiendo inglés en la escuela, y él trabaja en el sector de la construcción. “Es la voluntad de Dios, solo él sabe lo que puede pasar”, agregó.
