Uruapan, Michoacán.- A cinco días del asesinato que sacudió a Michoacán, el fiscal general Carlos Torres Piña confirmó en conferencia de prensa que Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años, fue el autor material del ataque armado que cobró la vida del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez.
El crimen ocurrió el sábado 1 de noviembre en plena Plaza de los Mártires, frente a cientos de asistentes al Festival de las Velas, una celebración tradicional del Día de Muertos. Manzo recibió siete impactos de bala, uno de ellos letal en el abdomen. Murió en el lugar, según confirmaron las autoridades.
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El agresor, originario de Paracho, fue abatido por escoltas al momento del ataque. Su cuerpo fue reclamado por sus familiares, quienes informaron que el joven se había ausentado de casa una semana antes y padecía adicciones a metanfetamina y marihuana.
La Fiscalía confirmó su participación en el asesinato a través de pruebas periciales, incluyendo un análisis de rodizonato de sodio que dio positivo, y pruebas balísticas que vinculan el arma usada —una pistola 9 mm— con dos delitos previos en Uruapan. Además, se recuperaron grabaciones de vigilancia que muestran al agresor minutos antes del atentado, comprando una sudadera blanca.
Posible vínculo con el CJNG y cómplices en investigación
Aunque el adolescente actuó directamente, las autoridades no descartan la participación de al menos tres cómplices. Uno habría sido abatido en el sitio, y otros dos fueron detenidos en las primeras horas de la investigación. Las indagatorias apuntan a una posible conexión con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que mantiene una fuerte disputa en la región de Tierra Caliente.
El fiscal Torres Piña agradeció la colaboración del secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, en la coordinación de más de 40 diligencias.
Una muerte que sacude la política local
Carlos Alberto Manzo, de 40 años, fue electo alcalde en 2024 como independiente, tras una etapa política en Morena. Había tomado posturas firmes contra el crimen organizado, autorizando el uso de fuerza letal por parte de la policía local y denunciando amenazas.
Su asesinato ha desatado protestas en Uruapan y Morelia, así como muestras de solidaridad a nivel nacional. El Senado de la República guardó un minuto de silencio en su honor el 4 de noviembre.
El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, calificó el atentado como un acto “cobarde” y ordenó la activación del Gabinete de Seguridad para coordinar acciones. La Fiscalía continúa las investigaciones para esclarecer totalmente el hecho y castigar a todos los responsables.
