De los 14 cabecillas criminales identificados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) desde 2022 como principales operadores y líderes de organizaciones delictivas en Michoacán, el gobierno federal ha logrado detener a dos y tres han muerto; sin embargo, nueve líderes continúan operando activamente en el estado.
Reportes de inteligencia del Ejército —que incluyen mapas y organigramas— detallan las estructuras de mando, las redes de financiamiento, las operaciones violentas y los mecanismos de extorsión de estos grupos, identificando a sus dirigentes con nombre, alias y ubicación aproximada.
Desde 2014, al menos tres grandes organizaciones y varias células criminales han mantenido presencia en Michoacán, tras la aparición de los grupos de autodefensa y la desarticulación de cárteles mayores como resultado del Operativo Conjunto Michoacán, iniciado en 2007.
Persistencia del crimen organizado
El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es la organización con más líderes abatidos o detenidos desde 2022; sin embargo, sus principales mandos continúan prófugos. A pesar de que Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, sigue sin ser capturado, algunos de sus operadores relevantes en Michoacán han sido neutralizados, como Armando Pantoja Infante (El Panther), detenido en diciembre de 2022 y fallecido dos meses después dentro del penal de La Piedad, y Miguel Ángel Fernández (El M2), abatido en febrero de 2023.
Entre los líderes aún en libertad figura Miguel Ángel Gallegos Godoy, conocido como El Migueladas, identificado desde 2014 como sucesor de La Tuta y actual líder de la célula conocida como Cártel de Zicuirán, escisión del CJNG.
Cárteles Unidos y Los Viagras, entre los más poderosos
Otra organización que mantiene presencia dominante es Cárteles Unidos, cuyos principales jefes, pese a estar plenamente identificados, no han sido detenidos. Entre ellos destacan Juan José Farías Álvarez, alias El Abuelo, exlíder de autodefensas convertido en cabecilla criminal, y Nicolás Sierra Santana, alias El Coruco, líder de Los Viagras, grupo dedicado a la extorsión y el cobro de piso en gran parte del estado.
En febrero de 2024 fue capturado Alberto García Flores, alias La Peggy, principal operador de El Coruco. No obstante, informes de la Sedena señalan que un grupo de cinco mujeres cercanas al líder de Los Viagras controla sus operaciones financieras.
Asimismo, continúa prófugo César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias El Bótox, jefe del brazo armado de Cárteles Unidos conocido como Los Blancos de Troya, considerado uno de los principales generadores de violencia en la región de Tierra Caliente. Por él existe una orden de aprehensión y una recompensa de 100 mil pesos por información que conduzca a su captura.
Factores políticos y falta de prioridad federal
De acuerdo con el analista en seguridad David Saucedo, existen dos factores por los cuales el gobierno federal no ha priorizado la captura de estos líderes:
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Escasa relevancia internacional, ya que sus operaciones no representan un impacto considerable para Washington en términos de exportación de drogas.
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Vínculos locales de poder, debido a esquemas de gobernanza criminal que operan a nivel municipal y estatal.
Saucedo señaló que en Michoacán subsisten organizaciones que se sostienen mediante la explotación de agricultores, productores y gobiernos locales, lo que dificulta su erradicación.
También recordó antecedentes de presuntos nexos entre políticos y grupos delictivos: “Se ha difundido información sobre posibles vínculos del actual gobernador Alfredo Ramírez Bedolla con Los Viagras durante su campaña, así como el caso del exgobernador Jesús Reyna, señalado por sus lazos con La Tuta. Incluso, durante el operativo Michoacanazo en 2009, varios alcaldes fueron detenidos por sus presuntos vínculos con el crimen organizado”.
Un desafío persistente
A casi dos décadas del Operativo Conjunto Michoacán, la entidad continúa siendo escenario de una compleja red criminal en la que convergen cárteles nacionales y grupos locales. La falta de detenciones de los principales líderes refleja un desafío constante para las autoridades federales y estatales en su intento por recuperar el control territorial y garantizar la seguridad de la población.
