México.- El endocrinólogo Hugo Laviada advirtió que la decisión del Gobierno mexicano de incluir las bebidas con edulcorantes no calóricos dentro del aumento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) previsto en el Paquete Económico 2026 no responde a criterios de salud pública y carece de sustento científico, ya que la evidencia disponible “no demuestra que los edulcorantes son dañinos para la salud ni justifica tratarlos como el azúcar”.
“En los ensayos clínicos controlados, que representan el más alto nivel de evidencia científica, se ha mostrado que los edulcorantes no aumentan la insulina, no modifican el peso corporal y, cuando sustituyen al azúcar, contribuyen incluso a reducirlo”, explicó el médico cirujano y endocrinólogo con maestría en Ciencias Médicas por la Universidad de Sheffield, al considerar que la medida “parece más recaudatoria que sanitaria”.
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El incremento, incluido en el proyecto de ley de ingresos 2026, pretende duplicar el impuesto aplicado en 2014 a las bebidas azucaradas, con lo que el IEPS pasaría de 1,6451 a 3,0818 pesos por litro, bajo el argumento de reducir el consumo de refrescos un 7 % y generar 41.000 millones de pesos (2.237 millones de dólares) adicionales para las finanzas públicas.
De acuerdo con la Comisión de Hacienda, la medida busca fomentar hábitos saludables, aunque la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) advirtió que podría provocar el cierre de 60.000 establecimientos y la pérdida de 120.000 autoempleos, al afectar las ventas de tiendas que dependen hasta en un 30 % de la comercialización de bebidas embotelladas.
Evidencia científica contradice la medida
El especialista e investigador subrayó que “los edulcorantes no calóricos —como la sucralosa, la estevia o el aspartame— están entre los ingredientes más exhaustivamente estudiados del mundo, con más de 200 revisiones científicas y 80 años de uso documentado”.
Agencias como la Administración de Alimentos y Medicamentos en Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), y el comité conjunto de expertos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), el JECFA, han concluido que son seguros dentro de los límites de ingesta diaria admisible.
“Los límites de seguridad están muy por encima del consumo habitual”, precisó el investigador.
“Si la política de salud busca reducir el consumo de azúcar, resulta contradictorio gravar también a los productos que no la contienen”, añadió, al señalar que los edulcorantes “no son una cura, pero sí una herramienta complementaria que permite disminuir la carga calórica de la dieta y mejorar la adherencia de las personas con diabetes al control glucémico”.
El especialista recordó que la OMS no ha prohibido su uso, sino que emitió en 2023 una recomendación condicionada que reconoce la insuficiencia de evidencia para demostrar un daño metabólico directo. “Eso significa que no hay pruebas sólidas de riesgo, solo incertidumbre; y la incertidumbre no se combate con impuestos”, afirmó.
Laviada explicó que gran parte de la confusión proviene de estudios observacionales que no permiten establecer causa y efecto.
Impacto económico y salud pública
El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) estima que el nuevo IEPS aumentará en 4,2 % los precios al consumidor final y reducirá el poder adquisitivo de los hogares de menores ingresos en hasta 0,8 % anual, un impacto que “no se traduce en mejoras sostenidas en salud”, según el organismo.
Laviada recordó que el impuesto creado en 2014 redujo el consumo de refrescos solo durante los primeros dos años, pero que, para 2018, el consumo per cápita “ya había regresado a niveles similares o ligeramente superiores”.
“Las políticas de salud deben ser integrales: impuestos, sí, pero acompañados de educación nutricional, promoción de la actividad física, urbanismo saludable e incentivos para la reformulación de productos”, concluyó el endocrinólogo, quien insistió en que las decisiones fiscales y sanitarias deben basarse en evidencia y no en medidas efectistas.
Con información de comunicado
EFE
