Ciudad Juárez.— Francisco Garduño, excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), ofreció este jueves una disculpa pública a las familias de las 40 personas que murieron y de las 27 que resultaron heridas en el incendio de una estación migratoria en Ciudad Juárez, ocurrido en marzo de 2023. La tragedia, considerada una de las más graves en materia de derechos humanos durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, puso en evidencia las deficiencias del sistema de detención de personas migrantes en México.
En un acto protocolario, Garduño reconoció que bajo su administración se incurrió en omisiones graves que derivaron en la pérdida de vidas humanas. “Me encuentro en un acto de recuperación de la memoria, reconociendo la dignidad de las víctimas para garantizar la reparación del daño y evitar que se repitan hechos similares contra migrantes en su paso por México”, expresó al iniciar su mensaje.
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El exfuncionario mencionó los nombres de las víctimas y ofreció “una disculpa con humildad y respeto” tanto a las familias que perdieron a sus seres queridos como a quienes sobrevivieron con secuelas permanentes. Añadió que ningún gesto será suficiente para aliviar el sufrimiento causado, pero reiteró que este acto busca ser un primer paso hacia la reparación.
Garduño enfrenta un proceso judicial por el delito de ejercicio ilícito del servicio público. Un juez le concedió 18 meses para cumplir con seis medidas, entre ellas esta disculpa pública y la reparación económica a las víctimas. En caso de cumplir con dichas condiciones, la resolución tendrá efectos de sentencia absolutoria.
Familias rechazan disculpa y exigen justicia real
Pese a las palabras del excomisionado, familiares de los fallecidos rechazaron aceptar la disculpa en tanto no se realice una investigación exhaustiva e independiente. Claudia Varela, hermana de Daniel de Jesús Varela —una de las víctimas del incendio—, afirmó: “No podemos aceptar esta disculpa mientras no exista justicia real ni se identifique a los responsables materiales e intelectuales”.
Las familias insistieron en que la tragedia fue consecuencia directa de la negligencia institucional: falta de salidas de emergencia, ausencia de protocolos de protección civil, condiciones inhumanas de encierro y omisiones del personal del INM.
Organizaciones piden cambio estructural
Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos, entre ellas la Fundación para la Justicia, DHIA y el IMUMI, señalaron que la disculpa pública tiene un valor simbólico, pero es insuficiente para garantizar la reparación integral del daño. Recordaron que al menos 15 mujeres sobrevivientes aún no han sido reconocidas como víctimas y no han recibido compensación económica.
Además, exigieron al Estado mexicano replantear su política migratoria, poner fin a la criminalización y detención de personas en movilidad, y asegurar medidas de no repetición. “Las 82 víctimas de esta tragedia estaban bajo custodia del Estado, que tiene la obligación irrenunciable de garantizar justicia y reparación”, subrayaron.
