El caso del multimillonario contrabando de diésel y gasolinas por una organización encabezada por dos sobrinos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, representa un episodio sin precedentes en la historia de la delincuencia organizada en México, tanto por sus dimensiones como por la participación de altos mandos navales.
No existe antecedente de que una estructura criminal de este alcance estuviera dirigida por dos oficiales de alto rango: el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, actualmente bajo proceso en un juzgado de El Altiplano, y su hermano, el contralmirante Fernando Farías, hoy prófugo de la justicia.
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La operación salió a la luz tras los decomisos realizados por el gabinete de seguridad encabezado por Omar García Harfuch: el 28 de marzo fueron asegurados ocho millones de litros de combustible en Ensenada, y tres días después, en Altamira, Tamaulipas, un buquetanque con diez millones más. A partir de esas acciones, la Fiscalía General de la República abrió una investigación que derivó en órdenes de aprehensión contra los sobrinos del exsecretario de Marina y otras trece personas.
Testimonios internos y represalias
En junio de 2024, el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, asignado a la 22 Zona Naval en Puerto Madero, Chiapas, entregó al entonces secretario Ojeda una carta en la que denunciaba la corrupción de los sobrinos. Según el fiscal Alejandro Gertz Manero, esa información fue remitida a la FGR.
Ya con el nuevo gobierno, el propio Guerrero informó al titular de la Marina, Raymundo Morales, sobre el esquema de corrupción detectado. Sin embargo, días después, el 30 de noviembre, Guerrero fue ejecutado en Manzanillo, Colima. El crimen permanece impune.
Este contexto confirma que se trata de un caso de una magnitud desconocida, con posibles alcances hacia niveles de poder intocables en el sexenio pasado.
Retales
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Más coincidencias. En los mismos tiempos se registró el suicidio del capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, de la aduana de Altamira, y la muerte del capitán Omar Del Ángel Zúñiga durante una práctica de tiro en Puerto Peñasco, Sonora.
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Buques. Se giró orden de aprehensión contra el empresario Roberto Blanco Cantú, conocido como Roberto Brown o “el señor de los buques”, junto a tres de sus socios. Uno de ellos, Anuar González Hemadi, ya fue detenido; los demás permanecen prófugos.
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Dineros. En el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2025, el Poder Judicial pidió 85 mil millones de pesos, recibió 71 mil y ahora, en la nueva propuesta, obtendrá nuevamente los 85 mil millones que había solicitado.
Nos vemos mañana, pero en privado.
