Zinacantepec, Estado de México — La justicia mexicana enfrenta un nuevo y preocupante golpe. El exjuez federal Everardo Maya Arias, reconocido por su participación en procesos judiciales de alto impacto, fue hallado sin vida con un disparo en la cabeza en el municipio de Zinacantepec, Estado de México.
Maya Arias, quien había desempeñado un papel clave en casos como la extradición de Ovidio Guzmán —hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán— y el juicio contra el exalcalde José Luis Abarca por su presunta implicación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, fue encontrado con signos de ejecución. Según los primeros reportes, el disparo que terminó con su vida en la cabeza sugiere una acción atribuida al crimen organizado.
Un blanco del poder criminal
La trayectoria del exjuzgador lo colocó en el centro de casos que desafiaron a estructuras criminales y políticas. En el caso de Ovidio Guzmán, Maya Arias intervino en decisiones que facilitaron su extradición a Estados Unidos, debilitando la estructura del Cártel de Sinaloa. En el caso Abarca-Ayotzinapa, tuvo bajo su responsabilidad una de las investigaciones más sensibles sobre desapariciones forzadas en México.
Por ello, su asesinato no ha sido interpretado como un hecho aislado, sino como un ataque directo al poder judicial. Voces dentro del sistema legal han expresado su indignación y temor ante lo que consideran una amenaza al Estado de derecho.
“Cuando matan a un juez que ha llevado casos de este calibre, no solo silencian a una persona, buscan aterrorizar a todo un sistema. Es un ataque a la posibilidad misma de justicia”, declaró un magistrado federal que solicitó el anonimato.
Investigación en curso
Las autoridades estatales y federales han iniciado una investigación para esclarecer el crimen. Sin embargo, juristas y especialistas en seguridad coinciden en que el asesinato representa un mensaje directo hacia los operadores de justicia que enfrentan a intereses criminales y políticos de alto nivel.
La muerte de Everardo Maya Arias reaviva el debate sobre la protección a jueces, fiscales y magistrados, así como la urgente necesidad de fortalecer la seguridad institucional del sistema judicial mexicano ante las amenazas del crimen organizado.
