Estados Unidos.- Este fin de semana, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y su esposo, Carlos Torres, fueron notificados por autoridades consulares de Estados Unidos sobre la cancelación de sus visas. La noticia se dio a conocer a través de redes sociales: primero lo anunció Torres, y poco después la propia mandataria confirmó que también había recibido una notificación similar.
La revocación de visas sin explicación no es un hecho aislado ni irregular. De acuerdo con la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés), el Departamento de Estado puede cancelar cualquier visa en cualquier momento si considera que es “consistente con el interés público”. No existe obligación legal de revelar el motivo, ni es necesario que haya una acusación formal o una resolución judicial.
Según la ley, las causas pueden incluir sospechas de vínculos con actividades delictivas, informaciones clasificadas, investigaciones no concluidas, errores administrativos o razones de seguridad nacional. Las secciones 205 y 221(g) de la INA permiten esta facultad, y la decisión, en la mayoría de los casos, no puede ser apelada.
Ni Marina del Pilar ni Carlos Torres han sido acusados de ningún delito. “Estoy segura y confío plenamente que la situación se va a aclarar satisfactoriamente”, expresó la gobernadora. La presidenta Claudia Sheinbaum también intervino y afirmó en su conferencia del lunes 12 de mayo que “no tenemos ninguna notificación del Gobierno de Estados Unidos”.
Con este caso, se vuelve a poner en evidencia el poder discrecional del sistema migratorio estadounidense, donde decisiones de alto impacto político pueden tomarse sin previo aviso ni explicación pública.
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