CIUDAD DE MÉXICO.— La semana pasada, el gobierno de México trasladó a 29 personas relacionadas con delitos de alto impacto a Estados Unidos, la decisión fue tomada por el gabinete de seguridad tras recibir una solicitud formal del gobierno estadounidense.
Autoridades mexicanas indicaron que existía unriesgo de posibles liberaciones y que los delitos de los involucrados justificaban el traslado.
El Fiscal General, Alejandro Gertz Manero, señaló que la medida se fundamentó en la Convención de Palermo y en la Ley de Seguridad Nacional. Sin embargo, la defensa de algunos de los extraditados asegura que la operación violó derechos y procedimientos legales.
No hay garantías contra la pena de muerte”
El abogado Marco Antonio Avilés, defensor de Miguel Ángel Treviño, “Z40”, y Alejandro Omar Treviño Morales, “Z42”, exlíderes deLos Zetas, declaró que no hay manera de que el gobierno mexicano garantice que sus clientes no sean sentenciados a la pena de muerte en Estados Unidos.
Nuestra garantía es la ley, cuando se sujeta a una operación a una convención internacional, como fue en este caso, se tienen que respetar las condiciones de esa convención, no hay duda”, afirmó Gertz Manero en conferencia de prensa al ser cuestionado sobre el destino de seis de los extraditados.
Según Avilés, la entrega de los acusados a Estados Unidos se realizó sin ninguna garantía de protección contra la pena de muerte o la prisión de por vida, lo que deja en incertidumbre su futuro legal.
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