México.- La fiscalización ambiental en México se ha endurecido en los últimos años. Entre 2022 y 2024, autoridades impusieron multas por 305.8 millones de pesos a empresas responsables de contaminar cuerpos de agua y recursos naturales.
Las sanciones forman parte de una mayor vigilancia encabezada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), que además de multas ha aplicado clausuras parciales o totales, suspensión de permisos y obligaciones de remediación ambiental.
Clausuras y suspensión de licencias
Especialistas señalan que el incumplimiento ambiental ya no es un costo menor para las empresas. Pedro Feres, de la firma m-risk, explicó que actualmente las sanciones incluyen clausuras y suspensión de licencias, lo que puede poner en riesgo operaciones industriales.
Ante este escenario, algunas compañías han comenzado a destinar entre 10% y 20% de su presupuesto de inversióna medidas de cumplimiento ambiental, como sistemas de monitoreo, laboratorios acreditados y plataformas de control.
Incumplimientos más frecuentes
Entre las irregularidades detectadas con mayor frecuencia están:
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Permisos ambientales desactualizados o inexistentes.
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Manejo inadecuado de residuos peligrosos.
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Reportes ambientales incompletos.
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Falta de documentación durante auditorías.
Según especialistas, más del 80% de los casos se deben a fallas en control interno y documentación.
Empresas refuerzan controles
Ante el aumento de sanciones, empresas han comenzado a implementar herramientas de control y seguimiento de permisos, lo que puede reducir hasta 70% el riesgo regulatorio. También se recomiendan auditorías ambientales y capacitación interna para prevenir incumplimientos.
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