Juez federal advierte posible desacato tras señalar incumplimiento de órdenes judiciales por parte de agencia migratoria de EE. UU.
Minnesota, Estados Unidos.– Un juez federal lanzó una severa advertencia contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas al señalar que la dependencia habría incumplido cerca de 100 órdenes judiciales relacionadas con operativos migratorios recientes, lo que podría representar un riesgo para el Estado de derecho.
Noticias Relacionadas
El señalamiento fue realizado por el juez Patrick Schiltz, quien documentó que desde el inicio del año el gobierno federal habría ignorado resoluciones judiciales en al menos 74 casos vinculados con personas detenidas durante la denominada Operación Metro Surge, implementada bajo la administración del presidente Donald Trump.
En su pronunciamiento, el magistrado enfatizó que ninguna agencia federal está por encima del sistema judicial y advirtió que el número de órdenes desobedecidas podría ser mayor al registrado oficialmente. Las resoluciones judiciales involucraban solicitudes de liberación, suspensión de deportaciones y otros recursos legales promovidos por personas bajo custodia migratoria.
La Operación Metro Surge forma parte del endurecimiento de la política migratoria federal y ha incluido redadas en zonas urbanas de Minnesota, particularmente en el área de Minneapolis. El operativo ha generado cuestionamientos por presuntos excesos en el uso de la fuerza, allanamientos domiciliarios y detenciones en vía pública.
Las declaraciones del juez generaron una reacción inmediata del gobierno federal. Autoridades del Departamento de Seguridad Nacional rechazaron los señalamientos y defendieron las acciones de la agencia, mientras funcionarios cercanos a la Casa Blanca calificaron las críticas como una interferencia en la política migratoria.
Ante el presunto incumplimiento reiterado, el juez ordenó inicialmente que el director interino del ICE compareciera ante el tribunal para explicar la actuación de la agencia, aunque la audiencia fue posteriormente cancelada tras la liberación de una persona relacionada con uno de los casos.
El caso ha reactivado el debate en Estados Unidos sobre los límites legales de las agencias federales y el alcance de las políticas migratorias, en medio de tensiones entre el poder judicial y el Ejecutivo sobre la aplicación de la ley.
