Ciudad de México, México.– Familiares y abogados de tres personas trasladadas de México a Estados Unidos presentaron una demanda contra autoridades federales por presuntas violaciones a derechos constitucionales, luego de que los detenidos fueran enviados al país vecino sin un proceso formal de extradición. La acción legal fue anunciada este lunes y representa el primer recurso judicial contra una política aplicada por el gobierno federal desde hace casi un año.
Los promoventes señalaron que México ha entregado a integrantes de organizaciones criminales que ya habían sido procesados y condenados en territorio nacional, sin cumplir con los procedimientos establecidos en la Constitución ni en el tratado de extradición vigente entre ambos países. Sostienen que estos traslados vulneran garantías legales básicas y podrían equipararse a un traslado forzoso fuera del país.
De acuerdo con los abogados, desde finales de febrero de 2025 México ha enviado a Estados Unidos a 92 presuntos criminales en tres etapas, sin que mediara un proceso judicial de extradición, a pesar de que las personas involucradas cumplían condenas o enfrentaban procedimientos penales en México. Por ello, buscan que las autoridades judiciales revisen la legalidad de las decisiones tomadas por instancias de seguridad.
Uno de los casos incluidos en la demanda es el de Juan Pedro Saldívar Farías, identificado como exintegrante del cártel de Los Zetas, quien llevaba más de una década en prisión en México y estaba en posibilidad de solicitar beneficios legales. Según su defensa, fue trasladado a Estados Unidos la semana pasada sin notificación previa ni resolución judicial que lo autorizara conforme a la ley mexicana.
La denuncia fue presentada ante la Fiscalía General de la República y señala al Consejo Nacional de Seguridad por presuntas responsabilidades administrativas y penales, al argumentar que las decisiones se tomaron de manera colegiada y sin sustento legal suficiente.
Además, los abogados informaron que familiares de otros detenidos enviados a Estados Unidos, incluidos presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación y del cártel de los Arellano Félix, se sumarán a la acción judicial en los próximos días.
El caso se da en un contexto de cooperación bilateral en materia de seguridad y combate al narcotráfico, particularmente frente a la presión del gobierno estadounidense para frenar el tráfico de drogas, como el fentanilo. La situación ha abierto un debate jurídico sobre los límites de la cooperación internacional, el respeto al debido proceso y la aplicación de la ley de extradición, temas que ahora quedarán bajo revisión de las autoridades judiciales mexicanas.
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