Washington, Estados Unidos.– La administración del presidente Donald Trump autorizó a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a allanar viviendas y usar la fuerza para realizar detenciones sin una orden judicial, de acuerdo con un memorando interno revelado por Whistleblower Aid, una organización legal sin fines de lucro que apoya a denunciantes de irregularidades.
El documento, que también fue revisado por la agencia AP, permite a los agentes del ICE ingresar a residencias basándose únicamente en una orden administrativa, no en una orden judicial. Whistleblower Aid señaló que dos funcionarios federales anónimos tuvieron acceso al memorando y lo calificaron como una directiva “secreta y aparentemente inconstitucional”.
Una orden administrativa de detención es distinta de una orden judicial. La primera se emite tras una orden de deportación dictada por un juez de inmigración, mientras que la orden judicial se basa en pruebas suficientes de que se cometió un delito. Whistleblower Aid denunció que el funcionario que firma la orden administrativa no es un “magistrado neutral e imparcial”, ya que pertenece a la misma agencia que ejecuta la detención.
Además, el gobierno de Trump ha despedido en los últimos meses a jueces de inmigración que no le eran afines y los ha reemplazado por abogados militares, lo que, según organizaciones civiles, debilita aún más las garantías del debido proceso.
Las nuevas directrices del Departamento de Seguridad Nacional confirman denuncias previas de detenidos y de organizaciones defensoras de derechos humanos, que han acusado a agentes del ICE de ingresar por la fuerza a domicilios sin autorización judicial. Por ello, estos grupos recomiendan a los migrantes no abrir la puerta ni permitir el ingreso de agentes sin una orden judicial.
El memorando establece que los agentes deben primero tocar la puerta, identificarse y explicar el motivo de su presencia. Deben dar a los ocupantes una “oportunidad razonable para actuar conforme a la ley” y, si no hay respuesta, pueden usar la fuerza necesaria y razonable para ingresar, previa notificación de su autoridad y de su intención de entrar. El horario permitido para estas acciones va de las 6:00 a las 22:00 horas.
El uso de la fuerza para entrar en viviendas sin una orden judicial representa un cambio drástico respecto a administraciones anteriores. Todas las operaciones de las fuerzas del orden, incluidas las del ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, están regidas por la Cuarta Enmienda de la Constitución, que protege contra registros e incautaciones irrazonables.
El documento no se ha distribuido a todos los empleados del ICE, pero sí a algunos altos cargos y se utiliza para entrenar a nuevos agentes. La agencia ha intensificado el reclutamiento de personal para cumplir con la orden de Trump de acelerar las detenciones y lograr la mayor deportación en la historia del país. Los nuevos agentes reciben capacitación en el Centro Federal de Capacitación para el Cumplimiento de la Ley en Brunswick, Georgia.
El memorando, firmado por el director interino del ICE, Todd Lyons, y fechado el 12 de mayo de 2025, sostiene que la Oficina del Asesor Jurídico General del Departamento de Seguridad Nacional determinó que la Constitución, la Ley de Inmigración y Nacionalidad y las regulaciones migratorias no prohíben el uso de órdenes administrativas para arrestar a personas sujetas a órdenes definitivas de deportación en su lugar de residencia.
La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, declaró que todas las personas notificadas con una orden administrativa ya han tenido “un debido proceso completo y una orden de expulsión definitiva”. En un correo enviado a AP afirmó que los agentes que emiten esas órdenes también han encontrado motivos suficientes para la detención y que el Tribunal Supremo y el Congreso han reconocido la legalidad de estas órdenes en casos migratorios.
El senador demócrata por Connecticut, Richard Blumenthal, quien encabeza una investigación sobre el trato de agentes federales de inmigración a ciudadanos estadounidenses, criticó la directiva. “Todos los estadounidenses deberían estar aterrorizados por esta política secreta del ICE que autoriza a sus agentes a derribar la puerta y entrar por la fuerza en sus hogares. Se trata de una política ilegal y moralmente abominable que ejemplifica los abusos peligrosos que estamos presenciando en Estados Unidos”, afirmó.
