Delfina Gómez propone derogar el delito de extorsión del Código Penal del Edomex y crear estrategia estatal especializada
Toluca, Estado de México.– La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, presentó al Congreso local una iniciativa para derogar el delito de extorsión del Código Penal mexiquense y sustituirlo por un nuevo marco jurídico alineado con la estrategia federal para combatir este ilícito.
La propuesta contempla la expedición de una ley estatal integral para la prevención, persecución y sanción de la extorsión y delitos vinculados, así como la creación de un Consejo Estatal de Prevención y Combate a la Extorsión y Delitos Vinculados, una Fiscalía Central Especializada en la materia y la implementación de una estrategia estatal específica para atender este delito de alto impacto.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre 2019 y 2025 el promedio diario de extorsiones en el país aumentó 20.8%. En ese periodo, el Estado de México se ubicó entre las cuatro entidades que concentran el 57.8% de los casos a nivel nacional, lo que, según el Ejecutivo estatal, ha generado efectos nocivos en la estabilidad social y económica de la entidad.
La iniciativa responde a la Estrategia Nacional contra la Extorsión, presentada a nivel federal en 2025, y a la aprobación de una ley general que busca homologar el tipo penal en todo el país. Bajo este esquema, las entidades federativas deben ajustar su marco jurídico para fortalecer la coordinación interinstitucional y mejorar la eficacia en el combate a este delito.
Entre los principales componentes de la nueva ley estatal se incluye la creación de un órgano colegiado permanente que permita la concertación, seguimiento y evaluación de políticas públicas contra la extorsión; el fortalecimiento de los mecanismos de atención, orientación y canalización de denuncias; y la operación de un Centro Estatal de Atención de Denuncias especializado.
Asimismo, la propuesta prevé la instalación de inhibidores de señal de telefonía celular y radiocomunicación en todos los centros penitenciarios del Estado de México, con el objetivo de reducir la comisión de extorsiones desde los reclusorios.
En caso de ser aprobada y entrar en vigor, la iniciativa establece plazos específicos: 60 días naturales para la creación del Consejo Estatal; 180 días para que la Secretaría de Seguridad implemente la estrategia estatal; 45 días para que la Fiscalía ponga en operación la Fiscalía Central Especializada; y hasta 180 días para habilitar el Centro Estatal de Atención de Denuncias.
La gobernadora subrayó que el objetivo central de la reforma es fortalecer las acciones institucionales, reducir la cifra negra y generar mayor confianza ciudadana, mediante un modelo de combate a la extorsión más coordinado y eficaz, en concordancia con la política nacional en materia de seguridad.
