París, Francia. Un tribunal francés dictó sentencia contra diez personas halladas responsables de propagar en redes sociales información falsa y ofensiva sobre Brigitte Macron, esposa del presidente Emmanuel Macron. Los acusados —ocho hombres y dos mujeres, de entre 41 y 60 años— fueron condenados a penas de hasta ocho meses de prisión con suspensión condicional, por lo que no ingresarán a la cárcel siempre que cumplan con las medidas impuestas por la autoridad judicial.
La resolución establece que los señalados participaron en una campaña coordinada de desinformación que difundía el bulo de que la primera dama habría cambiado de identidad. El tribunal consideró acreditado que la narrativa fue amplificada de manera reiterada y con mensajes de carácter vejatorio, lo que configuró delitos de difamación y ciberacoso.
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Entre las sanciones más severas figuran las impuestas a tres personas identificadas como instigadoras de la campaña. De acuerdo con el fallo, estos acusados publicaron contenidos particularmente ofensivos y persistentes en distintas plataformas digitales. Otros implicados, calificados como “seguidores”, recibieron penas menores dentro del mismo rango y, en algunos casos, la obligación de cursar programas de sensibilización sobre delitos digitales y uso responsable de redes sociales.
El origen del rumor se remonta a 2017, año de la primera elección presidencial de Emmanuel Macron, cuando comenzaron a circular versiones falsas sobre la identidad de su esposa. La desinformación se reactivó en años posteriores y motivó la presentación de una denuncia formal por ciberacoso en 2024, lo que dio inicio al proceso judicial que culminó con la sentencia de esta semana.
Además del procedimiento en Francia, la pareja presidencial mantiene acciones legales en Estados Unidos por hechos similares, tras la difusión de contenidos que replicaron las mismas acusaciones falsas. En el proceso francés, la familia de la primera dama expuso el impacto personal y social de la campaña, especialmente por las afectaciones a su vida cotidiana y a su entorno familiar.
Con este fallo, la justicia francesa subrayó que la libertad de expresión no ampara la difusión de mentiras que dañan la reputación y la dignidad de las personas, y reafirmó la responsabilidad penal por el uso de plataformas digitales para propagar desinformación y discursos de odio.
