Ciudad de México, México.–Luego del descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido en el estado de Oaxaca, que dejó un saldo de 13 personas fallecidas y 98 lesionadas, la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) retomó una investigación previa en la que se advierten presuntos actos de corrupción relacionados con la construcción de dicha obra ferroviaria.
Durante una intervención radiofónica, el periodista de investigación Eduardo Buendía recordó audios difundidos en 2024, en los que el empresario Jorge Amílcar Olán Aparicio hace referencia a supuestas facilidades otorgadas por Gonzalo López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, para la explotación de minas en Oaxaca destinadas al suministro de balastro, material utilizado en la construcción de las vías del Tren Interoceánico y del Tren Maya.
De acuerdo con la investigación, Olán Aparicio habría pasado de ser un empresario regional a obtener contratos millonarios con el gobierno federal, lo que ha despertado sospechas sobre un posible tráfico de influencias en proyectos prioritarios de infraestructura. MCCI subraya que estas relaciones empresariales y políticas deben ser revisadas a fondo ante la magnitud de la tragedia registrada.
Buendía señaló que, aunque hasta el momento no existe una conclusión oficial que vincule directamente los presuntos actos de corrupción con el accidente ferroviario, el contexto obliga a revisar la cadena de decisiones técnicas, administrativas y contractuales que rodearon la planeación y ejecución del proyecto.
Tras el anuncio de que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación para esclarecer las causas del descarrilamiento, especialistas y organizaciones civiles esperan que las indagatorias no se limiten al ámbito operativo, sino que también incluyan posibles irregularidades en la asignación de contratos, calidad de materiales y supervisión de la obra.
Las autoridades federales han reiterado que se dará atención integral a las víctimas y que se realizará un deslinde de responsabilidades conforme avancen las investigaciones oficiales. Mientras tanto, el caso ha reavivado el debate público sobre la transparencia y la rendición de cuentas en los megaproyectos de infraestructura impulsados en los últimos años.
