Bogotá.– La migrante colombiana Yarlidis Goez-Santos denunció que, tras decidir autodeportarse de manera voluntaria junto con sus hijos para protegerlos de una posible detención, las autoridades de Estados Unidos le impusieron un castigo que le prohíbe regresar al país durante los próximos 10 años, sin que —asegura— se le hubiera informado previamente de dicha sanción.
En entrevista con la agencia EFE, Goez-Santos relató que llegó a Estados Unidos hace tres años junto con su esposo y sus hijos, ingresando por la frontera de El Paso, Texas, donde solicitó asilo. Sin embargo, tanto su petición como la de su esposo fueron rechazadas por la administración del entonces presidente Donald Trump, lo que derivó en la detención y posterior deportación del padre de familia, quien era el principal sustento del hogar.
Ante el temor de ser arrestada y de que sus cuatro hijos —dos de ellos ciudadanos estadounidenses— vivieran el trauma de una detención migratoria, la mujer optó por regresar voluntariamente a Colombia. Para ello, contactó al Gobierno federal mediante la aplicación CBP HOME, utilizada para gestionar salidas voluntarias del país.
Según su testimonio, autoridades migratorias le aseguraron que no enfrentaría ninguna penalización. No obstante, al arribar a Colombia, los documentos que le fueron entregados indicaban que tenía prohibido reingresar a Estados Unidos por un periodo de 10 años. La mujer afirmó que su intención era presentar nuevamente una solicitud de asilo y confiaba en que la nacionalidad estadounidense de dos de sus hijos podría favorecer su caso.
Goez-Santos también denunció que, hasta el momento, no ha recibido los mil dólares que el Gobierno estadounidense promete como apoyo económico a quienes deciden autodeportarse. Indicó que se entregó voluntariamente con sus hijos en una oficina de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en Tucson, Arizona, el pasado 2 de diciembre, y que tras varios intentos de contacto con autoridades migratorias, recientemente le solicitaron documentación para supuestamente concretar el pago.
El caso ha generado cuestionamientos sobre las garantías que ofrece Estados Unidos a los migrantes que optan por regresar de manera voluntaria. De acuerdo con la legislación federal, las personas que han permanecido de forma irregular en el país pueden enfrentar sanciones que incluyen la prohibición de reingreso hasta por 10 años.
La migrante adelantó que buscará asesoría legal para determinar si existe la posibilidad de apelar la sanción impuesta por las autoridades migratorias estadounidenses.
