La Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió una comunicación oficial al Gobierno de México en la que manifestó “profunda preocupación” por la legalidad, el impacto ambiental y las implicaciones en derechos humanos de los megaproyectos de gas fósil licuado (GFL) propuestos en Sonora y Sinaloa, dentro de la región del Golfo de California, una de las zonas de mayor valor ecológico del país.
La carta, fechada el 2 de septiembre y firmada por nueve relatorías especiales, advierte que la instalación de cuatro terminales de gas —Saguaro Energía, Vista Pacífico, AMIGO LNG y GNL Cosalá— además de dos gasoductos —Sierra Madre y Corredor Norte— podría convertir a México en el cuarto exportador mundial de GFL, pero “a costa de la salud, los ecosistemas, las comunidades y los compromisos climáticos del país”.
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El organismo internacional señaló que avanzar con estos proyectos sin evaluaciones ambientales integrales, sin transparencia y sin la participación de las comunidades afectadas pondría al Estado mexicano en riesgo de incumplir el Acuerdo de París, el Acuerdo de Escazú y principios constitucionales sobre medio ambiente y derechos humanos.
Daños ambientales y sociales en el centro de la alerta
Las relatorías destacaron que los megaproyectos podrían provocar aumento de emisiones contaminantes, afectaciones tóxicas, alteración de ecosistemas marinos y terrestres, así como impactos directos en los derechos a la salud, la alimentación, el agua y el desarrollo de las comunidades costeras. Recordaron además que la quema de combustibles fósiles es una de las actividades humanas con mayor influencia en el calentamiento global.
La intervención de la ONU se produjo luego de una petición enviada en diciembre de 2024 por habitantes del Golfo de California y organizaciones civiles, quienes advirtieron sobre el riesgo que representan estas obras para la pesca, el turismo y la vida cotidiana de miles de familias en Bahía de los Ángeles, Loreto, La Paz, Mazatlán, Hermosillo y otras localidades.
Activistas: “México ya no puede decir que no sabía”
Cecilia García Muñoz, vocera de la organización Defensa Ambiental del Noroeste, celebró la postura de la ONU y afirmó que el Gobierno mexicano ahora tiene la obligación de definir una postura clara ante proyectos que —asegura— ponen en riesgo al medio ambiente y a las comunidades.
“Ya no puede decir que no sabía. Hay una comunicación oficial desde Naciones Unidas que advierte del peligro para la salud, el aire, el agua y el clima”, señaló la activista.
Agregó que esperan una reacción firme por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum y de los gobiernos estatales para cancelar las obras, a las que calificó como “innecesarias” debido a que el gas sería extraído por empresas estadounidenses y comercializado en mercados asiáticos.
México, bajo escrutinio internacional
Además del Gobierno mexicano, la ONU también envió comunicaciones a Estados Unidos y Singapur —países de origen de las empresas involucradas— y a las compañías que buscan instalar las terminales de GFL.
Las organizaciones civiles sostienen que, con esta notificación, México queda bajo “escrutinio internacional formal” y cualquier decisión que dé luz verde a los megaproyectos será interpretada como responsabilidad directa del Estado.
Afirmaron que industrializar el Golfo de California “va contra el interés nacional, contradice obligaciones internacionales, compromete el Estado de derecho y erosiona la credibilidad del país”.
Llamado a detener la expansión fósil
Los colectivos exigieron la revocación de permisos otorgados presuntamente de forma irregular, la suspensión de evaluaciones ambientales en curso y garantías de consulta libre, previa e informada para comunidades indígenas. También pidieron alinear la política energética con una transición justa y real hacia energías limpias.
“México tiene hoy la oportunidad de romper el guion fósil y demostrar que su compromiso climático es auténtico. Ignorar este llamado sería asumir un costo político, ambiental y ético irreparable”, apuntaron.
Las autoridades federales aún no emiten una postura oficial sobre la comunicación enviada por la ONU.
