Bogotá / Washington.— La familia de Alejandro Carranza Medina, un pescador colombiano de 42 años que murió tras un ataque militar estadounidense contra una embarcación en el Caribe el pasado 15 de septiembre, presentó una denuncia formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La acción legal busca que se investigue la responsabilidad del gobierno de Estados Unidos en lo que los familiares califican como una “ejecución extrajudicial”.
De acuerdo con documentos revisados por AFP y declaraciones recopiladas por NBC, el caso se suma a una creciente serie de cuestionamientos hacia la estrategia militar antinarcóticos de Washington en el Caribe y en el Pacífico oriental. Esa política ha dejado más de 80 personas fallecidas en bombardeos contra embarcaciones que Estados Unidos ha identificado—en muchos casos sin verificación independiente—como vinculadas al narcotráfico.
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¿Quién era Alejandro Carranza?
Carranza vivía en Santa Marta y se dedicaba desde joven a la pesca de especies como sierra, atún y pargo, según relataron vecinos y amigos. Su esposa, Katerine Hernández, lo describió como “un buen hombre y padre de cuatro hijos” que no tenía relación alguna con el crimen organizado.
Días antes de su muerte, Alejandro avisó a su familia que saldría a buscar “un lugar con buen pescado”. La familia se enteró de su fallecimiento a través de reportes televisivos sobre un ataque militar en aguas del Caribe.
“Nunca supe que hiciera nada malo”, dijo su amigo de infancia César Henríquez.
La denuncia ante la CIDH
El documento presentado por la familia responsabiliza directamente al secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, de haber ordenado el ataque. También señala que el presidente Donald Trump habría “ratificado” dichas operaciones.
La denuncia acusa al gobierno estadounidense de llevar a cabo bombardeos indiscriminados sin conocer la identidad real de las personas a bordo y califica los hechos como ejecuciones extrajudiciales.
La CIDH deberá evaluar si el caso cumple los requisitos para iniciar una investigación formal, lo cual podría incluir:
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Solicitud de información a Estados Unidos
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Revisión de evidencia presentada por la familia
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Análisis de posibles violaciones al derecho a la vida y al debido proceso
Aunque sus resoluciones no son vinculantes, sí pueden determinar responsabilidad internacional y generar impacto diplomático.
Una estrategia militar bajo creciente escrutinio
Estados Unidos sostiene que los ataques se dirigen a embarcaciones involucradas en el traslado de drogas desde Venezuela. No obstante, expertos en derecho internacional y legisladores de la región han señalado dudas sobre la legalidad de estas operaciones.
Algunos gobiernos latinoamericanos denuncian que entre las víctimas hay pescadores sin relación con el narcotráfico, mientras organizaciones de derechos humanos acusan a Washington de violar principios básicos del derecho internacional humanitario.
Respuesta del Pentágono
En una reunión de gabinete, el secretario de Defensa Pete Hegseth afirmó que Estados Unidos apenas está comenzando “una estrategia más agresiva” contra embarcaciones sospechosas en el Caribe.
“Es difícil encontrar barcos para atacar ahora mismo”, reconoció Hegseth, defendiendo la disuasión por encima de la captura o el arresto.
Postura de Colombia
El presidente Gustavo Petro calificó el ataque como una “ejecución extrajudicial” y expresó su respaldo a la familia Carranza. Confirmó que el abogado Dan Kovalik encabeza la defensa legal ante organismos internacionales.
“Víctimas del asesinato estadounidense de Alejandro Carranza… los pescadores tienen derecho a vivir”, expresó Petro en redes sociales.
Un caso que podría marcar un precedente
El asesinato de Carranza se ha convertido en un caso emblemático dentro del debate regional sobre los límites de la cooperación militar antidrogas de Estados Unidos.
Mientras la CIDH analiza el expediente, la familia insiste en que su objetivo es claro: limpiar el nombre de Alejandro y esclarecer por qué un pescador terminó convertido en objetivo militar.
“¿Por qué le quitaron la vida así? ¿Por qué no lo detuvieron?”, cuestionó su esposa.
El caso abre un nuevo capítulo en el debate sobre seguridad, derechos humanos y la actuación de Washington en el Caribe.
