México.- Organizaciones civiles en México advirtieron este miércoles del riesgo de un proyecto a discutirse mañana jueves en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al cual acusan de limitar a las ONG el poder promover juicios de amparo por violaciones al derecho al medioambiente sano.
Una veintena de organizaciones indicaron en un comunicado que el proyecto de resolución 217/2021, elaborado por la ministra (magistrada) Yasmin Esquivel, será discutido el 27 de noviembre en la Corte.
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Dicho proyecto, señalaron, tiene un “potencial regresivo en materia de derechos humanos y acceso a la justicia ambiental”, pues “propone un criterio que restringe la legitimación activa de asociaciones civiles y organizaciones defensoras del medio ambiente para promover juicios de amparo por violaciones al derecho al medio ambiente sano”.
Apuntaron que ese criterio deja de lado la jurisprudencia adoptada por la misma Corte respecto de la legitimación con la que cuentan organizaciones en materia de derechos humanos, educación, migración o cultura, cerrando así la puerta a la defensa de derechos colectivos y difusos.
Además del derecho a un medioambiente sano, respaldado por el artículo 4 constitucional, destacaron que el Acuerdo de Escazú, del que México forma parte, obliga a garantizar el acceso efectivo a la justicia en asuntos ambientales y a eliminar las barreras para que toda persona, grupo u organización pueda defender dicho derecho.
Agregaron que “la preocupación se agrava”, tras la reciente aprobación de la reforma a la Ley de Amparo.
Y advirtieron que en la práctica se debilitaría la capacidad comunitaria, colectiva y ciudadana “de actuar frente a megaproyectos, políticas extractivas, decisiones gubernamentales que afectan sus territorios, u omisiones de autoridades que amenazan el entorno y la vida de las comunidades, o afectan a víctimas de violaciones a derechos humanos y a la sociedad”.
Finalmente, exhortaron a la SCJN a no convalidar este retroceso, al tiempo que reafirmaron su solicitud de una audiencia pública ante la Corte.
“Reiteramos que la protección del medio ambiente y la defensa de los derechos humanos no son privilegios sino obligaciones constitucionales y compromisos internacionales del Estado mexicano”, zanjaron.
El comunicado fue enviado por ONG como el Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales (Prodesc), Greenpeace México, la Alianza Mexicana contra el Fracking (AMCF) y Artículo 19, entre otras. EFE
