Ciudad de México.– El periodista Carlos Loret de Mola reveló que el gobierno federal emitió una orden de aprehensión contra Raúl Rocha Cantú, empresario mexicano y actual propietario del certamen Miss Universo, por su presunta participación en delitos relacionados con el robo de hidrocarburos, tráfico de armas y vínculos con el narcotráfico.
De acuerdo con la información publicada por Loret, el 15 de noviembre se giró la orden de captura contra Rocha Cantú por delincuencia organizada, mientras que el 21 de octubre el empresario se presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) para solicitar el estatus de testigo colaborador, figura comúnmente conocida como testigo protegido, con el objetivo de aportar información clave sobre operaciones ilegales.
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El convenio entre Rocha y la FGR se habría oficializado el 19 de noviembre, donde el empresario se comprometió a revelar datos relacionados con contrabando de hidrocarburos, redes de tráfico de armas y presuntos vínculos con funcionarios públicos y empresarios.
En el marco de esta misma investigación, Mari Carmen “N”, conocida como “La Fiscal”, fue detenida el 18 de noviembre. De acuerdo con la FGR, ella habría fungido como funcionaria pública y participado en esta red criminal.
Las autoridades señalan que la organización liderada por Rocha habría extraído combustible de forma ilegal en Guatemala para comercializarlo en México, evadiendo impuestos y fracciones arancelarias. Además, la red suministraba armas a grupos criminales como el Cártel del Golfo y el Grupo Sombra, activo en Veracruz.
Otro de los hallazgos indica que algunas armas de procedencia ilícita fueron rematriculadas con registros oficiales de la SEDENA, lo que les daba una apariencia legal y permitía su circulación sin sospechas.
Este escándalo estalla a tan solo una semana de que la mexicana Fátima Bosch obtuviera la corona de Miss Universo 2025, evento que ahora se ve envuelto en múltiples polémicas. Existen versiones que apuntan a presuntos sobornos, posibles vínculos con el gobierno federal y hasta con funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex), lo que ha generado fuerte controversia en torno al certamen y su organización.
La FGR continúa integrando pruebas para determinar el alcance real de esta red de corrupción y crimen organizado que habría operado bajo el resguardo de figuras públicas y estructuras institucionales.
