Las recientes reformas a la Ley Aduanera y al Código Fiscal de la Federación (CFF), aprobadas en lo general por la Cámara de Diputados y el Senado, representan uno de los cambios más trascendentes en la regulación del comercio exterior de México en los últimos años. Su objetivo es fortalecer los mecanismos de fiscalización, elevar la trazabilidad de las operaciones e incrementar la responsabilidad de las empresas y agentes aduanales frente a la autoridad.
Nuevas responsabilidades empresariales y aduanales
La modificación legal introduce un esquema más riguroso de cumplimiento y control operativo. Las empresas importadoras, exportadoras y las agencias aduanales deberán invertir en sistemas tecnológicos, capacitación y auditorías internas para evitar sanciones y posibles afectaciones en sus operaciones.
Entre los principales retos destacan:
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Mayor exigencia en la acreditación de operaciones legales, con controles de inventarios más precisos y documentación respaldatoria.
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Aumento de costos operativos, derivado de nuevas obligaciones, como la extensión del plazo para cancelar las cuentas aduaneras de garantía, que pasa de seis a doce meses.
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Retrasos potenciales en los despachos aduaneros, debido al incremento en los controles y verificaciones.
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Ajustes en procesos internos y coordinación constante con los agentes aduanales.
Impacto en los agentes aduanales
El sector aduanal será uno de los más afectados. Las reformas amplían su grado de responsabilidad y establecen sanciones más severas. Los agentes deberán:
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Verificar que los importadores y exportadores cumplan con todas las regulaciones, cuenten con infraestructura adecuada y no estén vinculados a contribuyentes de alto riesgo.
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Responder solidariamente con el importador en caso de omisiones en el pago de contribuciones.
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Cumplir con nuevos criterios que podrían derivar en suspensión o cancelación de patentes por incumplimientos administrativos o fiscales.
Endurecimiento de sanciones y control fiscal
Uno de los puntos más críticos de la reforma es el endurecimiento de las sanciones económicas y penales.
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El incumplimiento de Normas Oficiales Mexicanas (NOMs) de información comercial dejará de ser considerado una falta administrativa menor y será tratado como contrabando.
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Las multas podrían alcanzar entre el 250% y el 300% del valor comercial de las mercancías involucradas.
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En el caso de simulación de operaciones o irregularidades en los procesos de importación y exportación, las penas por contrabando aumentan de 5 a 8 años de prisión.
Asimismo, se restringe el derecho de autocorrección posterior al despacho aduanero, lo que limitará la posibilidad de rectificar errores una vez completado el proceso.
Nuevas regulaciones para plataformas y paquetería internacional
Otro componente relevante de la reforma es la regulación de las plataformas tecnológicas de venta y las empresas de mensajería y paquetería internacional, sectores que han crecido significativamente. Estas disposiciones buscan cerrar brechas normativas, garantizar el pago de impuestos y reforzar la seguridad aduanera.
También se establecen mayores controles sobre las empresas IMMEX y los Recintos Fiscalizados Estratégicos (RFE), que deberán garantizar impuestos mediante cuentas aduaneras y cumplir con requisitos más estrictos de seguridad y trazabilidad.
Preparación y cumplimiento: claves ante la nueva realidad aduanera
Expertos en comercio exterior, como Berenice Egure, socia de Deloitte México, recomiendan a las empresas prepararse con anticipación para enfrentar el nuevo entorno normativo. Entre las medidas sugeridas destacan:
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Revisar y actualizar los procesos de comercio exterior, logística y mensajería.
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Implementar programas de capacitación continua para el personal operativo y administrativo.
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Mantener una comunicación constante con los agentes aduanales, debido a la corresponsabilidad legal.
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Invertir en tecnología que garantice la trazabilidad y el cumplimiento en tiempo real.
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Buscar asesoría legal y fiscal especializada para preparar estrategias de defensa ante revisiones.
Una transformación estructural
En conclusión, la reforma a la Ley Aduanera no solo busca sancionar el incumplimiento, sino transformar la cultura de cumplimiento en el comercio exterior mexicano, exigiendo una mayor responsabilidad tanto a las empresas como a los intermediarios.
Aunque supone un reto significativo para el sector privado, también abre la oportunidad de fortalecer la transparencia, la trazabilidad y la competitividad del país en el comercio global.
