Un reportaje de la agencia Reuters ha revelado cómo un cártel mexicano ha construido un sofisticado esquema de contrabando de combustible mediante el uso de buques cargueros, rutas internacionales y documentación falsificada, burlando a las autoridades mexicanas y estadounidenses.
El caso más reciente involucra al buque Torm Agnes, que el pasado 8 de marzo descargó más de 120 mil barriles de diésel en el puerto de Ensenada, Baja California. Aunque ese puerto no está habilitado para recibir hidrocarburos de forma segura, el combustible fue trasladado rápidamente a camiones cisterna, en una operación calificada como “precisa y veloz” por testigos presenciales.
De acuerdo con las investigaciones, el combustible fue importado desde Canadá por la empresa estadounidense Ikon Midstream, que lo declaró falsamente como “lubricantes” para evitar el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). El cargamento fue recibido por Intanza, una empresa fantasma con sede en Monterrey, presuntamente vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Este grupo criminal ha expandido su red de tráfico desde el robo tradicional a ductos de Pemex hasta sofisticadas operaciones navieras, constituyendo lo que expertos ya califican como una “flota oscura”. Según datos del propio gobierno mexicano, se estima que hasta un tercio del diésel que entra al país es de origen ilegal.
La Secretaría de Marina y autoridades fiscales mexicanas ya investigan la operación y han decomisado más de 500 mil barriles de combustible ilegal desde que inició la actual administración. Sin embargo, los ingresos perdidos por evasión fiscal podrían ascender a más de 4 mil millones de dólares al año.
El impacto de este comercio ilícito ha obligado a compañías como Shell a abandonar el país, ante la imposibilidad de competir con los precios bajos del combustible ilegal. El caso también ha salpicado a funcionarios y empresas estadounidenses que habrían facilitado el transporte del hidrocarburo, voluntaria o involuntariamente.
Mientras tanto, autoridades de ambos países han advertido que se intensificarán los operativos y sanciones para frenar este negocio que representa la mayor fuente de ingresos no relacionados con drogas para los cárteles mexicanos.
