El senador Adán Augusto López Hernández atraviesa uno de los momentos más complejos de su carrera política. De ser considerado un operador clave en el Senado y uno de los hombres de mayor confianza del presidente López Obrador, ha pasado a ser visto como un factor de desgaste para Morena y un desafío para el gobierno de Claudia Sheinbaum.
Durante una conferencia de prensa reciente, una reportera le preguntó si se consideraba un “cadáver político”. Con una sonrisa irónica, el exsecretario de Gobernación respondió: “Mejor deje que me ría un ratito, ¿no?”.
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Esa frase resume la dualidad de su situación: mientras conserva influencia como estratega parlamentario, enfrenta cuestionamientos financieros y políticos que amenazan su imagen pública.
Un operador indispensable, pero controvertido
El primer año de Sheinbaum ha demostrado que López Hernández sigue siendo una pieza clave para la 4T. Su labor no se ha medido por las iniciativas que impulsa, sino por su capacidad para articular mayorías en el Senado y garantizar el avance de las reformas constitucionales impulsadas por el Ejecutivo.
Fue determinante en la aprobación de la Reforma Judicial de 2024, que exigía mayoría calificada. La coordinación política que logró consolidar dentro del bloque oficialista fue reconocida como decisiva para el triunfo legislativo.
Sin embargo, su permanencia en el cargo también refleja una realidad política: en la nueva etapa de la 4T, la habilidad para operar pesa más que la ausencia de controversias.
Investigaciones patrimoniales bajo la lupa
Desde su nombramiento como coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto ha estado bajo un creciente escrutinio. Investigaciones periodísticas revelaron que entre 2023 y 2024 habría recibido ingresos cercanos a los 79 millones de pesos, supuestamente provenientes de su labor como notario público y de herencias familiares.
Aunque el senador ha negado cualquier irregularidad, la falta de claridad inicial sobre el origen de esos recursos alimentó sospechas sobre un posible conflicto de interés. “Soy el notario público de mayor éxito en la historia de Tabasco”, declaró en su defensa.
El caso Tabasco y “La Barredora”
A la polémica económica se suma un golpe político directo: la detención de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco durante su administración, acusado de liderar la organización criminal conocida como La Barredora.
El episodio expuso grietas en su gestión como gobernador y obligó al gobierno federal a reforzar su discurso contra la impunidad. Analistas políticos sostienen que este caso representa uno de los mayores riesgos de desgaste interno para Morena.
Tensión dentro del partido
De acuerdo con el politólogo Mauricio Alfaro, Claudia Sheinbaum ha optado por la cautela: “Claudia hace bien en no intervenir directamente. Lo ideal sería que Adán Augusto enfrente la ley, pero eso difícilmente sucederá, porque sería un golpe interno al partido”.
Alfaro considera que el gobierno busca permitir que los casos se procesen por su propio peso, sin abrir divisiones entre las figuras más influyentes del movimiento.
Por su parte, el senador Marko Cortés, del PAN, calificó la situación como una “simulación” y acusó al gobierno de proteger a sus aliados. “Es inconcebible que un gobernador no supiera lo que hacía su secretario de Seguridad Pública”, sentenció.
Encuestas y respaldo político
Una encuesta de la empresa Polister indica que el 41.4 % de los ciudadanos cree que López Hernández debería pedir licencia, mientras que el 37.9 % opina que debería separarse temporalmente mientras se esclarecen las acusaciones.
Pese a ello, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, ha expresado su apoyo al coordinador de Morena: “Vamos a seguir avanzando en unidad, respaldando a nuestro coordinador para continuar con el segundo piso de la Cuarta Transformación”, afirmó.
Sheinbaum cierra filas
Claudia Sheinbaum ha defendido públicamente al senador. En una de sus conferencias, negó que Adán Augusto actúe en su contra o busque debilitar al movimiento. Aseguró que las decisiones del Senado, como la modificación a la Ley de Amparo, responden a criterios jurídicos y no a conflictos políticos.
Su postura evidencia que, por ahora, el liderazgo de López Hernández sigue siendo útil para la administración. Sin embargo, la creciente controversia que lo rodea podría convertirse en un costo político difícil de sostener para la 4T.
