México.- Pese a que “la despenalización del aborto en un estado (de México) genera cambios positivos”, un estudio realizado por el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB) junto a REDefine y redes de activistas proaborto, destacó este lunes que estos avances son solo el primer paso en “un camino lleno de barreras” que impiden garantizar de manera efectiva este derecho en el país.
El estudio, titulado ‘De la despenalización al acceso: contraloría social para el diagnóstico del aborto legal en ocho estados de México’ y presentado este lunes en la capital del país, analizó la situación de la atención al aborto en relación con la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad en Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Nayarit, Michoacán, Quintana Roo, Puebla y Veracruz.
La conclusión del estudio es que, por sí sola, la despenalización del aborto, vigente en 24 de los 32 estados del país, no es suficiente para garantizar un proceso seguro y accesible para las personas gestantes.
“La despenalización en varios estados del país ha ampliado la disponibilidad local de los servicios”, explicó la directora interina del ILSB, Silvia Soler.
“El acceso efectivo sigue siendo desigual, persisten barreras, objeción de conciencia sin regulación operativa, falta asesoramiento homogéneo, desconocimiento institucional y la existencia de lo que consideramos todavía más grave: el delito en el Código Penal Federal, que hace frenar a los organismos federales y locales y afecta a las denuncias contra mujeres”, dijo.
Cristina Santana, coordinadora de la investigación, señaló que “la cobertura de servicios es insuficiente y se concentra principalmente en zonas urbanas”, por lo que el acceso de las personas en poblaciones rurales se ve afectado.
También resaltó el preocupante desabastecimiento generalizado de medicamentos, como la mifepristona y el misoprostol, en los estados analizados, así como la falta de personal capacitado para atender a las pacientes.
Este desabastecimiento de medicamentos provoca que sean las propias usuarias las que enfrenten el coste de la compra de las medicinas necesarias, que se suman a otros gastos como el del transporte o la pérdida de días laborables para acudir a unas consultas con escasa flexibilidad de horarios, recogió el documento.
La investigación detalló que el legrado uterino instrumental (LUI), una técnica obsoleta y que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda erradicar, sigue siendo el segundo procedimiento más utilizado en los estados estudiados, con un 38,7 % de los casos, por detrás del eficaz empleo de medicamentos (40,4 %).
Por ello, las ponentes concluyeron en que es necesario eliminar el aborto del Código Penal Federal y de los códigos penales estatales, garantizar una cobertura universal y gratuita en los diferentes niveles de atención y capacitar a los profesionales de salud para atender de manera segura y sin discriminación a las personas gestantes.
Con información de comunicado
EFE
