La empresa Koninklijke Philips NV, con sede en Países Bajos, presentó un procedimiento legal contra el Gobierno de México, en el que reclama un pago de 50 millones de euros (más de mil millones de pesos) por ventiladores médicos defectuosos adquiridos durante la emergencia sanitaria por COVID-19.
Los equipos presentaron fallas técnicas graves, que representaban riesgos severos para los pacientes, incluyendo lesiones permanentes y potencial desarrollo de cáncer, lo que llevó a su retiro en varios países. En México, estos dispositivos eran distribuidos por Healthcare Systems de México, empresa con contratos históricos con Philips.
Sin embargo, tras conflictos por la representación y licitaciones vigentes, Philips Holanda intervino directamente al considerar “ilegal y arbitrario” el embargo de sus cuentas bancarias ejecutado en febrero de 2025, trasladando la responsabilidad al Estado mexicano y solicitando que el erario cubra la suma reclamada.
El conflicto ha generado críticas y acusaciones de corrupción. Eduardo Fuentes Celestrin, abogado de Healthcare Systems de México, señaló que hay funcionarios dentro de la Secretaría de Economía que habrían favorecido a Philips, dificultando el retiro de los ventiladores defectuosos.
Los modelos involucrados en el conflicto incluyen: E30, V680, V60, Trilogy, Trilogy Evo y EV300, usados en pacientes con apnea del sueño, EPOC o insuficiencia respiratoria severa.
Además de la querella contra el Estado, existen demandas colectivas de pacientes, que solicitan compensación económica por gastos médicos, pérdida de ingresos, daños morales, acceso a tratamientos y medidas de reparación, incluyendo disculpas públicas y garantías de no repetición.
Especialistas legales advierten que este caso podría sentar un precedente internacional, al permitir que multinacionales trasladen a los gobiernos la responsabilidad por fallas técnicas o incumplimientos contractuales. Mientras Philips busca recuperar sus ingresos, las autoridades mexicanas insisten en que la prioridad es la seguridad de los pacientes y la protección del sistema de salud.
