El gobierno federal anunció un paquete de reformas a la Ley de Aguas Nacionales y una nueva Ley General de Aguas que buscan cerrar el paso al robo, acaparamiento y venta ilegal de agua, en lo que se conoce como “huachicol de agua”.
Actualmente, es legal que particulares transfieran concesiones entre sí con solo notificar a Conagua, situación que ha generado un mercado especulativo. “¿Ya no usas tu concesión? Se la tienes que regresar al Estado”, declaró la presidenta Sheinbaum, marcando un antes y un después en la gestión del recurso.
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Entre las prácticas que se busca erradicar destacan:
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Venta ilegal de concesiones
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Pozos y garzas clandestinas
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Acaparamiento especulativo
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Extracción con fines de reventa
🧱 Castigos más duros: prisión, multas y pérdida de bienes
Las reformas incluirán un nuevo capítulo de delitos hídricos, con sanciones más severas:
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Multas desde 50 mil UMAs
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Cárcel para reincidentes
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Extinción de dominio (el Estado podrá quedarse con los bienes usados en el delito)
La presidenta enfatizó que no se busca afectar a empresarios, sino ordenar y transparentar el uso del agua como recurso nacional.
🛑 Agua como derecho, no negocio
La reforma refuerza el artículo 4º constitucional: el agua es un derecho humano, no una mercancía. Se priorizará el consumo doméstico y se terminará el acaparamiento privado.
“Poner orden en el uso del agua es parte del nuevo modelo de desarrollo del país”, expresó Sheinbaum.
