Ciudad de México.– La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ordenó el bloqueo de cuentas bancarias en México, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), designara a 22 objetivos en territorio nacional por presuntos nexos con la facción criminal Los Mayos, del Cártel de Sinaloa.
Entre las personas señaladas figura la diputada federal por Morena, Hilda Araceli Brown Figueredo, exalcaldesa de Playas de Rosarito, Baja California. De acuerdo con la OFAC, la legisladora habría tenido vínculos políticos con operadores del grupo delictivo para influir en la administración municipal durante su gestión como presidenta municipal.
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Congelamiento de cuentas y cooperación internacional
En un comunicado, la UIF explicó que el congelamiento se llevó a cabo en cumplimiento de mecanismos de cooperación internacional y de los compromisos que México mantiene en materia de combate al lavado de dinero.
La dependencia precisó que las cuentas de las personas físicas y morales listadas fueron inmovilizadas de inmediato por el sistema financiero mexicano, lo que impide que puedan disponer de los recursos o realizar transacciones.
“La integración de listas internacionales emitidas por autoridades extranjeras permite a la UIF actuar de manera coordinada con el sistema financiero mexicano, para evitar que recursos de procedencia ilícita sean introducidos o dispersados en la economía nacional”, señaló la institución.
Revisión exhaustiva y posibles consecuencias
La UIF indicó que realizará un análisis a detalle de los estados de cuenta, beneficiarios finales, estructuras corporativas y operaciones transfronterizas de los sujetos alcanzados por el bloqueo. Si en esta revisión se detectan indicios de delitos, se dará vista inmediata a la Fiscalía General de la República (FGR) para iniciar los procesos legales correspondientes.
Asimismo, la dependencia aclaró que el bloqueo administrativo no equivale a una sentencia penal, sino que es una medida preventiva para evitar el flujo de posibles recursos ilícitos mientras se llevan a cabo las investigaciones.
Alcances de la designación de OFAC
La acción del Tesoro estadounidense incluyó a siete personas físicas y 15 empresas con operaciones en Baja California, principalmente en Playas de Rosarito. Según la OFAC, esta red habría brindado soporte financiero, logístico y político a Los Mayos, en actividades vinculadas al tráfico de drogas sintéticas y al lavado de activos.
La designación en Estados Unidos implica el congelamiento de bienes bajo jurisdicción estadounidense, la prohibición de transacciones con ciudadanos o empresas de ese país y la advertencia de sanciones secundarias a instituciones extranjeras que mantengan vínculos con los señalados.
En México, el bloqueo administrativo por parte de la UIF impide que las personas listadas accedan a servicios financieros regulados hasta que exista un “deslistado” o resolución judicial que modifique la medida. Durante ese tiempo, los afectados tienen la posibilidad de interponer recursos legales en sede administrativa o judicial.
Contexto político
El señalamiento contra Hilda Araceli Brown Figueredo, hoy diputada de Morena, ha generado impacto político debido a que la OFAC le atribuye presuntos vínculos con el crimen organizado en su etapa como alcaldesa de Rosarito. Hasta el momento, la legisladora no ha emitido una postura pública sobre las acusaciones.
El caso refuerza la cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad financiera y combate al narcotráfico, aunque también abre un frente político que podría escalar dentro del Congreso y del partido gobernante.
