Tacámbaro, Michoacán. – La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en coordinación con ejidatarios y fuerzas de seguridad, llevó a cabo el retiro de más de 6,000 plantas y pequeños árboles de aguacate sembrados de manera ilegal en terrenos forestales de la comunidad de San Rafael Tecario, municipio de Tacámbaro.
Se trata de la primera ocasión en que se implementan acciones de este tipo en la entidad, con el objetivo de frenar la siembra irregular de aguacate, cultivo que demanda grandes cantidades de agua y que, en muchos casos, ha provocado deforestación y sobreexplotación de recursos naturales.
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Operativo y medidas de restauración
El operativo se realizó el 9 de septiembre de 2025, en cumplimiento de un resolutivo administrativo emitido el 11 de julio, el cual ordenó:
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Retirar el 100% de las plantas de aguacate y agave en terrenos forestales.
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Inhabilitar cuatro ollas de captación de agua pluvial.
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Reforestar 27.34 hectáreas con especies nativas como Pinus devoniana y Pinus oocarpa durante la temporada de lluvias de este año, asegurando al menos un 80% de supervivencia.
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Establecer cercado perimetral, guardarrayas y prohibición expresa de cambio de uso de suelo.
En el operativo participaron 200 ejidatarios, tres inspectores de Profepa, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (9), Guardia Nacional (14), Guardia Civil estatal (12), Policía Municipal (10), así como representantes del ayuntamiento de Tacámbaro y del Consejo Estatal de Ecología. Pese a intentos de obstaculización por parte de personas ajenas al ejido, el diálogo permitió continuar con las labores.
El “oro verde”: negocio millonario y foco de violencia
El aguacate se ha consolidado como el llamado “oro verde”. Tan solo en 2023, México produjo 2.7 millones de toneladas métricas, un 4% más que en 2022, mientras que las exportaciones alcanzaron 1.4 millones de toneladas métricas, con un valor de 3,208 millones de dólares. El principal destino fue Estados Unidos, que absorbió el 81.2% de los envíos.
Sin embargo, este auge económico está vinculado con problemáticas sociales y ambientales. De acuerdo con un informe de Global Initiative Against Transnational Organized Crime, la industria del aguacate en Michoacán ha estado ligada a redes del crimen organizado, donde la violencia se emplea como herramienta para controlar territorios y mercados. Entre 2016 y 2021, la entidad registró 54 homicidios por cada 100,000 habitantes, en paralelo con el incremento del valor de la producción.
El documento advierte que cerca del 80% de las huertas de aguacate se establecieron de manera ilegal, muchas veces con la complicidad de autoridades locales, lo que ha derivado en deforestación, degradación del suelo y contaminación de acuíferos.
Precedente ambiental
La Profepa destacó que esta acción marca “un precedente en la defensa y restauración efectiva de los bosques”, en una región donde la presión del mercado, el crimen organizado y la explotación intensiva han puesto en riesgo la biodiversidad y los recursos hídricos.
