EE.UU.- La legislatura de Texas está cerca de aprobar una ley que criminaliza el envío y la distribución de pastillas abortivas desde otros estados, y que además ofrece a los ciudadanos recompensas de hasta 100.000 dólares si demandan a médicos o compañías que las suministren.
La propuesta consiguió ayer en la noche la aprobación del Senado estatal y ahora pasa a la Cámara de Representantes estatal.
En concreto, el proyecto tipifica como delito la “manufactura, el envío, la distribución, el transporte y la receta” de píldoras abortivas en Texas y desde otros estados. A su vez, motiva a los residentes del estado a denunciar a los infractores, pero prohíbe explícitamente que se señale a las mujeres embarazadas o a las que toman las pastillas tras un aborto espontáneo.
El objetivo de la ley es reforzar las restricciones al aborto en Texas, donde ya rige una de las prohibiciones más severas del país: penaliza el procedimiento a partir de las seis semanas de gestación, cuando muchas mujeres aún desconocen que están embarazadas.
Esta restricción ha forzado a que las personas que quieren abortar en el estado tengan que viajar hacia otras regiones donde el procedimiento es legal (como Nuevo México o Colorado) o a realizar abortos medicados, con píldoras recetadas por doctores en otros estados y en algunos bajo supervisión médica virtual.
Según un informe de la organización Society for Family Planning, entre julio de 2023 y junio de 2024, se realizaron un promedio de 2.800 abortos al mes en Texas a través de telemedicina.
Defensores de los derechos humanos, como la Asociación Americana de Libertades Civiles (ACLU), han rechazado el propuesto de ley, calificándolo de “extremo”.
“Generará temor entre fabricantes y proveedores en todo el país, al mismo tiempo que alentará a los vecinos a vigilar la vida reproductiva de los demás, aislando aún más a las texanas embarazadas y castigando a quienes las cuidan”, señaló Blair Wallace, directora de salud reproductiva para Texas, en un comunicado.
Los defensores de la propuesta, por su parte, celebran su avance en el Congreso señalando que los abortos medicados son “la principal amenaza contra los no nacidos a día de hoy”.
“Los negocios de aborto está cerrando sus instalaciones físicas y cambiando a tácticas en línea”, según indicó la organización antiaborto Texas Right For Life.
En 2022, el Tribunal Supremo de EE.UU. anuló la sentencia Roe vs. Wade, que garantizaba el derecho al aborto a nivel nacional. Desde entonces, 41 de los 50 estados han impuesto restricciones: 12 lo prohíben por completo (como Texas), 22 lo limitan a partir de las 18 semanas de gestación y siete lo hacen antes.
Con información de comunicado
EFE
