Miami, Florida.– Una jueza federal de Estados Unidos ordenó este jueves el desmantelamiento, en un plazo de 60 días, del centro de detención migratoria conocido como “Alligator Alcatraz”, ubicado al oeste de Miami, y prohibió el ingreso de nuevos migrantes al lugar, luego de considerar una demanda interpuesta por grupos ambientalistas y la tribu indígena Miccosukee.
La jueza Kathleen Williams, del Distrito Sur de Florida, falló parcialmente a favor de las organizaciones Friends of The Everglades, Center for Biological Diversity y representantes de la comunidad Miccosukee, quienes argumentaron que el centro daña gravemente el ecosistema de los Everglades, donde habitan 36 especies en peligro, entre ellas panteras, cigüeñas, cocodrilos y caimanes.
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La orden judicial también prohíbe nuevas construcciones, excavaciones, pavimentaciones o cercamientos en la zona, además de impedir la llegada de más detenidos. Sin embargo, sí permite que se realicen reparaciones en la infraestructura ya existente.
Pasados los 60 días, las autoridades deberán remover el cerco, retirar instalaciones industriales y permitir el paso de la tribu Miccosukee, habitantes ancestrales de la región.
La instalación, inaugurada el pasado 3 de julio tras una visita del presidente Donald Trump, contaba con capacidad para 2 mil personas, con planes de ampliarse a 4 mil, según la División de Gestión de Emergencias de Florida. Actualmente, el número de detenidos se ha reducido a 336, según informó el congresista Maxwell Frost, quien ha criticado duramente el proyecto.
“Esta es una victoria emblemática para los Everglades e incontables estadounidenses que creen que las especies en peligro deben protegerse, no explotarse”, declaró Eve Samples, directora ejecutiva de Friends of the Everglades.
No obstante, el caso aún no concluye. El gobernador Ron DeSantis y el fiscal general James Uthmeier han descalificado públicamente a la jueza Williams, nominada en su momento por el expresidente Barack Obama, y aseguran que apelarán el fallo.
Mientras tanto, continúa en curso otra demanda por violaciones a derechos humanos interpuesta por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), en representación de los migrantes detenidos en este controvertido centro.
