México.- México), 14 ago (EFE).- Con quejas por parte de las víctimas indirectas y colectivos de búsqueda, la Fiscalía General de Jalisco (oeste de México) ofreció una disculpa pública por la desaparición de cuatro personas ocurrida en 2010, lo que marca un precedente en el estado con mayor número de casos de personas desaparecidas.
La disculpa pública es parte de la recomendación 167/2023 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en 2023, por las omisiones en la investigación y búsqueda de Dalia Guadalupe Cruz Guerrero, Luis Ramón Enciso Ramírez, y dos personas conocidas como Bernardo y Carolina; ocurridas en 2010 en los límites de Jalisco y Zacatecas.
Natividad Guerrero, madre de Dalia Guadalupe y una de las primeras que se movilizó para la búsqueda de personas en la entidad, denunció que la Fiscalía no trató a las familias de las víctimas con dignidad, pues intentó incumplir varios acuerdos para realizar el evento como se había establecido por la CNDH.
Detalló que el Gobierno estatal se negó a que el evento fuera difundido masivamente, intentó que no fuera realizado en el Palacio de Gobierno, cambió en tres ocasiones la fecha de realización y evitó que algunos familiares y organizaciones que asesoran a las víctimas tomaran la palabra durante la ceremonia.
También, negó en un principio el ingreso a la actividad a los representantes de medios de comunicación y al final permitieron el acceso, a petición expresa de Natividad Guerrero.
“Estas disculpas deberían de dignificar la memoria de Dalia, Luis, Bernardo y Carolina, marcar un antes y un después en la forma que la Fiscalía atiende los casos de personas desaparecidas, pero no ha sido así, pereciera que es un mero acto o trámite realizado por cumplir, sin entender lo que significa para las víctimas”, expresó.
Jalisco es el estado con mayor número de casos de personas desaparecidas con 15.531, de las 132.563 en todo el país, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Búsqueda en México.
El gobernador de la entidad, Pablo Lemus, no asistió al evento y envió en su representación a Salvador Zamora, secretario del Gobierno, quien reconoció la responsabilidad de las autoridades locales en el caso y las deudas que permanecen hacia las personas desaparecidas y sus familias.
“El Gobierno de Jalisco reconoce la responsabilidad institucional de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado por violar los derechos de acceso a la justicia, la verdad y la integridad personal de las víctimas directas e indirectas en el lamentable suceso, ocurrido hace 15 años”, dijo.
Jesús Eduardo Villa, representante de la CNDH, afirmó que además de la disculpa pública, el Gobierno de Jalisco debe asegurar la reparación integral del daño y llamó a tomar las medidas necesarias para ello, entre ellas la de no repetición.
Con información de comunicado
EFE
