Ciudad de México.– El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha expandido su actividad criminal más allá del narcotráfico. De acuerdo con una reciente investigación de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA, por sus siglas en inglés), la organización criminal encabeza una sofisticada red de contrabando de mercurio a gran escala, con destino final en países sudamericanos como Bolivia, Colombia y Perú, donde el metal es utilizado en la minería artesanal de oro, a menudo de carácter ilegal.
Según el informe, más de 200 toneladas de mercurio habrían sido traficadas entre abril de 2019 y junio de 2025, facilitando la producción de oro ilegal valuada en aproximadamente 8 mil millones de dólares, en violación directa al Convenio de Minamata, un tratado internacional suscrito y ratificado por México desde 2013 y 2015, respectivamente, que prohíbe el uso y comercio ilícito del mercurio debido a su alta toxicidad.
Una red encubierta bajo grava y pintura
El informe revela que el mercurio es extraído principalmente de minas clandestinas ubicadas en la Sierra Gorda, donde se utiliza piedra cinabrio para su procesamiento. Posteriormente, el metal es transportado oculto en sacos de grava mal etiquetados o botes de pintura, que simulan contener materiales de construcción. Esta estrategia permite burlar los controles aduaneros y ser embarcado en puertos como Manzanillo y Veracruz, rumbo a Sudamérica.
Uno de los casos más recientes ocurrió en abril de 2025, cuando la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) incautó un cargamento de cinco toneladas de mercurio líquido disfrazado como pintura en el puerto de Manzanillo, con destino final en Bolivia.
En Sudamérica, el mercurio se transporta por carretera a zonas de procesamiento minero en Arequipa, Perú, y Medellín, Colombia, donde es utilizado para separar partículas de oro mediante combustión, liberando gases tóxicos al ambiente.
“No hay oro sin mercurio”
La minería artesanal depende del uso de mercurio para extraer oro de manera rápida y económica. No obstante, el impacto ambiental y sanitario es devastador: aire, suelo y fuentes de agua quedan contaminados, afectando a comunidades enteras.
“No hay oro sin mercurio”, afirmó uno de los mineros sudamericanos entrevistado por la EIA, al explicar que este método rudimentario es el más accesible para trabajadores sin recursos ni maquinaria especializada.
Zamorano Dávila, el presunto líder de la red
La operación criminal es encabezada por Juan José Zamorano Dávila, quien, según la EIA, coordina la extracción, ocultamiento, traslado y exportación del mercurio. En mensajes interceptados por la agencia, Zamorano aseguró que las inspecciones aduaneras no han detectado la carga oculta: “Nadie ha detectado nuestro esquema”.
El informe también identifica a su hermano Joel como socio en el esquema, así como a Alejandra Pulido Briseño, exsecretaria de Administración del Municipio de Querétaro, quien habría colaborado logísticamente en el contrabando. Pulido renunció a su cargo en octubre de 2019, poco antes de que se intensificara la exportación ilegal del metal.
Contaminación y daños ambientales
Las minas clandestinas en las que se extrae el cinabrio han provocado daños ambientales severos. La contaminación del río Extoraz en la Sierra Gorda ha sido documentada, al igual que problemas de salud en las comunidades cercanas, donde el contacto con residuos de mercurio ha provocado síntomas de intoxicación.
La extracción involucra a más de 20 trabajadores por mina, operando en condiciones de riesgo y sin protección. La mayoría de estas explotaciones se encuentra, de acuerdo con la EIA, bajo el control del CJNG.
Llamado a las autoridades
La revelación de esta red internacional de tráfico de mercurio ha generado preocupación entre organizaciones ambientales, quienes han solicitado una respuesta urgente del Gobierno mexicano. Hasta el momento, no se ha emitido una postura oficial por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ni de la Fiscalía General de la República (FGR) respecto a las investigaciones.
El tráfico de mercurio representa no solo un problema ambiental de gran escala, sino también una nueva vertiente del crimen organizado con implicaciones internacionales que ponen en entredicho los mecanismos de control fronterizo y la voluntad política para detener estas redes.
